“El Gobierno Federal inició un procedimiento de responsabilidad en contra de dicho funcionario y contra quien resulte responsable de un evidente acto de corrupción”, dijo.
Recordó que el Gobierno de la República planteó dos alternativas: venderlo al último concesionario, la empresa Producciones Especializadas, S.A. de C.V., “cumpliendo estrictas condiciones de protección ambiental, o declararlo área natural protegida”, pero que al no haber condiciones para un acuerdo, “la ruta decidida por el Gobierno Federal ha sido la protección legal de esta importante área natural”.
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