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Hoy se cumplieron cinco años del desplazamiento forzado de más de 500 personas de la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala. En conferencia de prensa, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) exigió su retorno seguro y castigo a los responsables de su desplazamiento.
Horacio Santiago, integrante del MULTI, recordó que la violencia inició el 26 de diciembre de 2020 y concluyó el 22 de enero de 2021, dejando como saldo el desplazamiento forzado del 99 por ciento de la población originaria de esta comunidad.
Y aseguró que estos hechos no fueron fortuitos ni aislados, sino que estuvieron plagados de irregularidades, omisiones deliberadas y complicidades, así como de la participación directa de funcionarios estatales y municipales, quienes actuaron en conjunto “con un grupo armado de corte paramilitar” denominado Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) y que actualmente es liderado por la familia Ortiz.
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“Hoy nombramos los hechos y a sus generadores, porque esta fecha no puede ni debe pasar desapercibida: Eleazar Ortiz, Emelia Ortiz, Epifanio Ortiz, Florentino Ortiz y Manuel Ortiz, jefes paramilitares y caciques regionales, son los responsables directos de la violencia que expulsó a un pueblo entero de su territorio y que sigue vigente. Los nombramos porque existe un sistema que los protege, que les garantiza impunidad y silencio, pero la palabra es más fuerte que cualquier pacto criminal, político o electoral, y no vamos a callar”.
El miembro del MULTI señaló que a mil 800 días del desplazamiento forzado, las víctimas no han recibido justicia, solo promesas falsas, mesas de trabajo sin resultados, omisiones sistemáticas y clara estrategia de desgaste.
A ello se suma, dijo, la persecución política, la intimidación constante y la violencia que continúa hasta hoy.
“Cada dos días, grupos paramilitares provenientes de Rastrojo Copala acuden a Yosoyuxi Copala para realizar disparos contra la población, sin que exista ninguna consecuencia legal o política. La impunidad es total.
“Este contexto se ha visto acompañado de asesinatos de militantes y dirigentes de nuestra organización, así como de una campaña permanente de desprestigio y criminalización, cuyo objetivo es manchar, dividir y deslegitimar la lucha legítima de las familias desplazadas que exigen regresar a su territorio. Buscan convertir a las víctimas en culpables y al despojo en un hecho normalizado”.
Horacio Santiago apuntó que a pesar de que las familias desplazadas han dado una batalla en Oaxaca, en la Ciudad de México y en espacios internacionales, prevalece un clima de omisión, simulación y apuesta al cansancio por parte del Estado mexicano, “que ha preferido administrar el conflicto en lugar de resolverlo”, expresó.
Recordó que existen mecanismos jurídicos nacionales e internacionales vigentes que obligan al Estado mexicano a garantizar el retorno, la seguridad y el acceso a la justicia de estas más de 500 personas de la comunidad de Tierra Blanca Copala, como el amparo en revisión 597/2023, la recomendación 36/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las medidas cautelares 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ninguno ha sido cumplido. El retorno no ha ocurrido. La justicia no ha llegado. Las victimas siguen esperando”, aseguró.
Es fundamental, agregó, agregó que la Ley de Desplazamiento Forzado aprobada en el Congreso de Oaxaca no se ha materializado.
Ante esta situación, exigió la instalación inmediata de una mesa de trabajo, encabezada por el Gobernador del Estado de Oaxaca y la Secretaria de Gobernación, para retomar los trabajos necesarios para el retorno seguro y digno de las familias desplazadas de Tierra Bianca, y la aplicación inmediata y efectiva de la Ley de Desplazamiento Forzado en el caso del pueblo triqui, con medidas reales de restitución, reparación y garantías de no repetición.
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