La asociación civil explicó que Mariana Yáñez Unda y Edgar Aldair Pérez Ortiz, vicepresidenta e integrante de Litigio, sostuvieron una reunión el 15 de marzo de 2024 con la funcionaria estatal y en la que también participó Frida Jiménez Valencia, presidenta de la organización Ecosistema y Ciudadanía Oaxaqueña (ECO), y otras personas de la sociedad civil, con el fin de exigir que las autoridades cumplan con la sentencia de amparo.
Esta reunión, detalló, se celebró en las instalaciones de la Semabieso en Ciudad Administrativa. Ahí, Mariana Yáñez manifestó que es urgente la coordinación entre las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal para lograr un verdadero cumplimiento.
Sin embargo, Karime Unda únicamente insistió en que la institución que ella representa solamente es normativa, por lo que no puede ejecutar ningún tipo de obra para rescatar los ríos.
La funcionaria, además, mencionó también que la dependencia a su cargo sólo se encarga de inspeccionar y revisar, ya que tampoco puede imponer multas, y recalcó que actualmente no cuenta con un procurador Ambiental que pueda ejercer sus facultades sancionadoras.
“Es pertinente indicar que dicho plan, creado en la administración pasada, tuvo un costo total de 10 millones de pesos y que ahora Unda Harp pretende desecharlo para crear uno nuevo.
“(Las autoridades) deben actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno porque, de lo contrario, se seguirán simulando acciones que sólo retardan el cumplimiento de la sentencia que ordena el rescate de los ríos Salado y Atoyac”.