Se disputan pueblos del Istmo de Oaxaca 300 mil hectáreas de tierras en conflictos “dormidos”
En esta región se acumulan 20 de los 300 conflictivos agrarios que existen en la entidad, mismos que se reactivan en épocas electorales, dicen autoridades
Juchitán.– Una persona asesinada y tres lesionados de bala, pobladores y funcionarios estatales retenidos más de 48 horas e incluso la destrucción de una carretera, el corte de servicios básicos y el asislamiento de mil habitantes de una comunidad pesquera son el saldo que han dejado en el último mes las disputas por 300 mil hectáreas de tierras que se desarrollan en el Istmo de Tehuantepec, al sur de Oaxaca.
El Istmo acumula al menos 20 de los más de 300 conflictos que existen entre comunidades vecinas que se disputan este territorio oaxaqueño y aunque muchos de ellos permanecen “dormidos”, no se les puede descuidar, pues en cualquier momento pueden escalar, advierten autoridades de la Junta de Conciliación Agraria.
Tras el ataque armado que dejó un muerto y tres heridos por el conflicto entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, así como la destrucción de la carretera entre Chicapa de Castro y San Dionisio del Mar, el gobierno oaxaqueño pidió a sus representantes desplegados en las regiones que eleven sus niveles de atención.
El secretario de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno estatal, Adrián Ramírez Castro, enfatiza que los conflictos agrarios, muchos de ellos disputados en tribunales, “despiertan” con la cercanía de los procesos electorales por intereses políticos.
Actualmente, por ejemplo, el gobierno estatal acompaña a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas, ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde tienen radicaos dos juicios de nulidad contra los ejidos chiapaneco de Cal y Mayor y Canaán.
De acuerdo con las asambleas de ambos municipios, en lo que esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciba y resuelva la solicitud de aclaración sobre las coordenadas limítrofes con Chiapas, alistan nuevas peticiones para declarar la nulidad de otros ejidos chiapanecos.
El propósito del acompañamiento es el de evitar actos de violencia que pongan en peligro la estabilidad social en la zona.
Bajo vigilancia
La situación de tensión entre comunidades de Istmo de Oaxaca no es nueva. El gobierno, por ejemplo, monitorea en forma permanente el conflicto que desde 1972 protagonizan las poblaciones vecinas de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, aunque el último antecedente de violencia se registró a finales de 2014, cuando el gobierno federal autorizó un proyecto ecoturístico en Cerro Tortuga, que no prosperó.
Ambas poblaciones, ikoots y zapoteca, respectivamente, disputan 29 mil hectáreas de tierras que están en posesión de los ixhuatecos y que los mareños reclaman como parte de la resolución presidencial del gobierno echeverrista, además, dicen, que cuentan con títulos primordiales.
Mientras que desde el 2000 se agravó entre los comuneros de San Miguel Chimalapa y los ejidatarios de Santo Domingo Zanatepec, que disputan 13 mil hectáreas. “Nosotros nos fuimos a un juicio de revisión y le ganamos a San Miguel”, dicen los zanatepecanos.
Al respecto, el dirigente de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras Pérez, comenta que esas 13 mil hectáreas forman parte de las 134 que comprende la dotación total de la resolución presidencial de 1967. “Vamos a recuperar después de atender el tema de límites con Chiapas y con sus ejidos enclavados en tierras comunales”, señala.
Además, tampoco se pierde de vista al añejo conflicto entre Asunción Tlacolulita con sus vecinos de Magdalena Tequisistlán y San Miguel Ecatepec, que a finales de 2021 provocó el corte del camino hacia la zona chontal alta.
En el caso de las comunidades de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, que disputan 66 mil hectáreas y que provocó un enfrentamiento violento en los primeros días de mayo, con saldo de un muerto y tres heridos de bala, el área política y agraria del gobierno oaxaqueño mantiene las mesas de diálogo para evitar el regreso de la confrontación.
Para el caso de conflicto que protagonizan desde hace 10 años en el TUA las comunidades de Chicapa de Castro y San Dionisio del Mar, por la posesión de mil 711 hectáreas, que dejó a islado recientemente a mil pobladores de Santa María del Mar, las autoridades oaxaqueñas mantienen una especie de “marcaje especial” hacia todos los actores, sobre todo éste que resultó afectado con el corte del camino.
