Sin útiles ni vivienda estable, infancias triquis desplazadas viven hostil regreso a clases en Oaxaca

Juxtlahuaca.— Mariana de Jesús y su hermano Adrián son dos de las decenas de infantes que huyeron de las balas hace casi dos años en Tierra Blanca Copala y que desde el 29 de agosto pasado, sin útiles escolares, ni uniformes y menos con aprendizajes previos, regresaron a clases.

En la misma condición se encuentran innumerables niñas y niños de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, del municipio de San Esteban Atatlahuca, a quienes, en otro hecho de desplazamiento forzado, le quemaron sus casas. Libros, cuadernos, mochilas son cenizas.

“Ganas no les faltan de regresar a la escuela, pero también ocupan ropa, útiles, mochilas”, explica el padre de Mariana y Adrián, preocupado porque no tiene fuentes de ingreso. 

Además, las familias viven en casas prestadas o rentadas por los vecinos de Yosoyuxi; por ejemplo, el padre de Marina y Adrián vive con otra familia de siete integrantes, desplazados igual que él.

Horacio Santiago, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), dice a EL UNIVERSAL que por esta situación 30% de los infantes desplazados no regresaron a clases: “Los niños y niñas no se han acoplado debido a que no tienen un lugar de permanencia definitiva, lo que implica que aún no acuerden sobre su asistencia a dichas escuelas”.

De acuerdo con José Luis Rangel, encargado de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), 3% del alumnado del nivel básico del estado desertó durante la pandemia por causas distintas a la crisis sanitaria.

Las consecuencias de la diáspora

 

Horacio Santiago explica que la situación de cada familia es distinta. En el caso de Yosoyuxi, la mayoría de los infantes y adolescentes regresaron a clases.

En el caso de los menores refugiados en la Ciudad de México acuden de manera provisional a una institución que depende del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que “de manera voluntaria y solidaria”  asiste a los menores.

En condiciones similares viven las y los infantes en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la ciudad de Tlaxiaco, donde cerca de 30 estudiantes desplazados de Ndoyonuyuji tuvieron que integrarse a la primaria y preescolar del Barrio de San Diego.

Desde mayo, EL UNIVERSAL dio a conocer la falta de documentación de los infantes desplazados, lo que obstaculizaba su asistencia a clases pese a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hechas al DIF. 

“Las familias están en la expectativa de volver a casa lo antes posible. Al principio de esta ola de violencia decían que no iban a inscribir a sus hijos porque cuando regresaran a Tierra Blanca retomarían sus estudios; sin embargo, el abandono del Estado mexicano y la falta de interés de parte de la otra organización hizo que las víctimas de desplazamiento prolongaran su espera, lo que ha hecho que no tengan un lugar definido dónde reiniciar su vida”, explica Horacio Santiago, del MULTI.

Denuncia que el gobierno del estado no ha brindado ayuda humanitaria: “Prácticamente ellos están cubriendo todo por sus propios medios, lo que hace aún más difícil esta situación”.

Sin recursos para útiles

 

Entre uniformes y útiles, los costos son elevados y la situación en la que viven las familias es compleja. “Tenemos que comprarlos porque ninguna institución se ha acercado a ofrecernos algún apoyo en los útiles escolares, uniformes o comida para ellos”, dice uno de los padres de familia desde el albergue en Tlaxiaco.

Algunos hombres trabajan en la construcción, otros en el campo, mientras que las mujeres hacen artesanías y otras trabajan en casas: “Lo que elaboran no siempre se vende rápido, tampoco se gana suficiente. Es una situación que le están batallando”, explica Valeriano Riaño, representante de  desplazados.

Aún sin adaptarse a su lugar de residencia y en condiciones desfavorables, infantes de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Tierra Blanca regresaron a clases presenciales. Hasta ahora no se ha hecho público el avance del cumplimiento de las recomendaciones de  la CNDH.

 

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