Suman 42 defensores comunitarios asesinados en Oaxaca; alertan crisis de derechos humanos
Centros de defensa de derechos humanos advierten que conflictos por defensa del territorio y recursos naturales, junto con ambición de actores políticos, han cobrado vidas y confrontado a comunidades indígenas durante gobierno de AMLO
Oaxaca de Juárez.— El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro de Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, condenaron los recientes asesinatos de defensoras y defensores comunitarios en el estado de Oaxaca.
En conferencia de prensa afirmaron que en Oaxaca han sido asesinados 42 defensores y defensoras de derechos humanos. Y ante ello, señalaron que en México y en la entidad se vive una crisis de violaciones a derechos humanos.
“Pues los conflictos intercomunitarios por la tenencia de la tierra, la migración y la defensa de los recursos naturales han cobrado vidas, la ambición de actores políticos y grandes empresas que asedian los recursos naturales han provocado confrontaciones en las comunidades indígenas prometiendo progreso, desarrollo y crecimiento en las comunidades; engañando, mintiendo y callando las voces de quienes no quieren ceder sus tierras y recursos”.
Ambas organizaciones denunciaron que las comunidades indígenas y sus defensores y defensoras comunitarias, viven bajo el acoso y hostigamiento de grupos criminales que operan en complicidad e impunidad total dentro y fuera de Oaxaca.
Asimismo, aseguraron que no hay garantías para la protección de los defensores y defensoras porque los mecanismos de protección estatales y federales actúan con lentitud, y los organismos protectores como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no emiten medidas cautelares inmediatas.
También señalaron que las fiscalías integran lentamente las carpetas de investigación y limitan el acceso a la justicia.
“Todos estos factores han tenido consecuencias irreparables, pues se asesina a defensores comunitarios y no hay castigo a los actores intelectuales y materiales, lanzando un mensaje mortal a quienes defienden sus pueblos, sus derechos colectivos e individuales, ríos y tierras”.
A esto se suma la criminalización de líderes indígenas y defensores de derechos humanos, una de las formas de cómo grupos de poder económico y político someten los reclamos de los defensores de derechos humanos y defensores de los territorios indígenas.
Las organizaciones, finalmente, exigieron el respeto al derecho a la vida y al trabajo de las personas defensoras, y la investigación y castigo a los responsables de los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.
