Suman 7 exfuncionarios de Murat detenidos por presunta corrupción y daño al erario de Oaxaca
A casi 11 meses del nuevo gobierno se han detectado irregularidades en dos secretarías y dos institutos durante el sexenio del priista, mismas que han llevado a órdenes de aprehensión; sólo uno era titular y el resto mandos medios
Oaxaca de Juárez.— Al menos siete exfuncionarios públicos de la administración del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), han sido detenidos y se encuentran bajo prisión preventiva por presuntos actos de corrupción.
Citybus, legado de corrupción
La aprehensión más reciente ocurrió este miércoles. Se trata del exdirector Administrativo de la Secretaría de Movilidad del gobierno de Oaxaca (Semovi), Óscar Guillermo Guzmán Saavedra, a quien se le imputa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por la firma de un contrato de 33.5 millones de pesos con la empresa “CIFO Technologies S. A. de C. V.”, para contratar el “Servicio Integral que permita el Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para la Administración del Sistema de Recaudo del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca”.
Según la Fiscalía General del Estado (FGEO), Guzmán Saavedra carecía de facultades para autorizar y firmar ese contrato, por lo que se presume que con su actuación causó un daño patrimonial al erario de Oaxaca.
Pagos indebidos en obras de Símbolos Patrios
A él se suman cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra), quienes también fueron detenidos por el delito de uso ilícito de atribuciones en la ejecución de obras públicas.
Los nombres de estos cuatro exfuncionarios son Leopoldo Gilberto López, subsecretario de Obras Públicas; Rubén César Mendoza, director de Control y Evaluación de Obra Pública; Manuel Meza Corres, subsecretario de Obras, y Alejandro Cristóbal Canseco Antonio, jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra.
De acuerdo con la fiscalía de Oaxaca, se detectó que se realizaron “pagos indebidos derivados de la abstención de cumplir con diferentes cláusulas establecidas en el contrato de una obra al no verificar documentación al respecto”.
Lo anterior, en las del proyecto “Ampliación y modernización de la carretera troncal 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del km 1+000 al km 5+300 entronque a nivel con avenida Universidad, y en la construcción del puente sobre Río Salado en el km 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas. Todos ellos fueron detenidos en junio pasado.
Por no defender el patrimonio
Previo a ellos, también en junio de 2023, Alejandro Aroche, exdirector del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) durante el sexenio pasado, y quien era actualmente secretario particular del exgobernador Alejandro Murat, fue detenido por elementos FGEO.
De acuerdo con Geovany Vásquez Segrero, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, el exfuncionario está acusado por el delito de fraude por simulación, derivado del intento de creación de un sindicato y de al menos 263 nuevas alzas para personal del IEBO, quienes no cumplían con los requisito para laborar en la institución.
En particular, Aroche está acusado de no cumplir con su obigación como funcionario estatal y fingir que defendía al IEBO y al patrimonio público de la creación irregular de estas plazas, lo anterior porque tras el nacimiento del nuevo sindicato, en su calidad de titular, inició un proceso de impugnación; sin embargo, al concluir la administración de Murat, el funcionario desistió de dicho y recurso sin justificación alguna.
Foto: Especial
El primero
Mientras que en marzo de 2023 fue aprehendido Jorge Zárate Medina, extitular del Instituto Catastral del Estado, por su presunta participación en una red de funcionarios y notarios públicos llamada el “Cártel del Despojo”, dedicada supuestamente al despojo de propiedades mediante la alteración de registros públicos de la propiedad.
La detención de este exfuncionario fue la primera en contra de un exintegrante del gobierno de Murat Hinojosa y derivó de la denuncia de los hermanos Conzatti, quienes acusaron desde 2021 una “operación de Estado” para despojarlos de dos propiedades ubicadas en el Centro Histórico de Oaxaca.
