Oaxaca de Juárez.– Tras 12 años de un conflicto por tierras que dejó al menos 15 personas asesinadas, 10 desaparecidas y casi medio centenar de heridos, las autoridades de las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Putla Villa de Guerrero, y San Sebastián Nopalera, del municipio de Santa Lucía Monteverde, firmaron este miércoles un acuerdo de paz para poner fin a lo que calificaron como “un episodio de tristeza y sufrimiento”.
La firma se llevó a acabo en la Ciudad de México, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y con dicho acuerdo de paz entre estas comunidades ubicadas en los límites de las regiones Mixteca y Sierra Sur de Oaxaca se busca dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acto estuvo encabezado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien subrayó que el acuerdo, que se alcanzó por iniciativa de las propias comunidades, privilegió el diálogo como “el canal adecuado para poner fin a un conflicto agrario que lamentablemente polarizó la vida de las y los habitantes de estos pueblos”.
El funcionario federal aseguró que hoy se pone fin al problema que honra la memoria de muchos de los caídos en esta confrontación y se da un paso sustantivo para “reivindicar sus derechos individuales y como comunidad”. Además, recordó que el mejor patrimonio que se puede heredar es el de la paz y la reconciliación.
De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la firma de este convenio se trata de “un hecho histórico”, ante lo cual el gobernador Alejandro Murat celebró que una vez más en la entidad prevalezca la paz y la concordia, y reiteró la importancia del diálogo como ruta única de resolución de conflictos. “Hoy se hace patente la voluntad política y el interés superior por la gobernabilidad en el estado”, dijo.
En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares MC 102-10 a favor de quienes habitan en la comunidad mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, solicitadas por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).
En dicha medida se exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las y los habitantes de esta comunidad indígena de Zimatlán de Lázaro Cárdenas; así como para “remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambas comunidades”.
El conflicto entre ambas comunidades inició a partir de disputas agrarioterritoriales que datan de hace más de treinta años con enfrentamientos armados que han dejado a 12 personas sin vida, 10 desaparecidas y 48 heridas.
A través de un comunicado, el gobierno de Oaxaca informó que en este proceso fue fundamental el acompañamiento de la Comisión de Mediación (Comed), instaurada en 2018 a partir del acuerdo de ambas comunidades, que se constituyó por una comisión civil mixta con actores oaxaqueños civiles y eclesiales. Además, se contó con el acompañamiento de la organización de la sociedad civil Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz).
Al respecto, la Segob reconoció el proceso de diálogo y reconciliación que ha logrado transformar la vida de las y los habitantes de las comunidades, y celebró “la voluntad y disposición demostrada por las comunidades para lograr un contexto de paz basado en el diálogo”.
En la firma del acuerdo, fungieron como testigos de honor el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; y la coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales de la CIDH, Fernanda Alves dos Anjos.
