La colectiva Mazatecas por la Libertad aseguró que la Fiscalía General de Oaxaca reconoció la improcedencia de las órdenes de aprehensión contra personas indígenas de Eloxochitlán de Flores Magón por el delito de tentativa de homicidio contra la diputada local de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, y comunicó que tramitará su cancelación ante el juzgado de Huautla de Jiménez.
En un comunicado, explicó que el pasado 11 de noviembre sostuvieron una reunión informativa entre familiares de las personas mazatecas exiliadas de Eloxochitlán de Flores Magón, acompañadas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y representantes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
En esa reunión, afirmó, que aceptó que con la incorporación de nuevas evidencias a los procesos penales, las órdenes de aprehensión no deben ejecutarse e informó a las familias que realizará los trámites correspondientes ante el juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca, entre el 20 y el 23 de noviembre próximos.
Respecto del delito de homicidio, señaló que la solicitud de cancelación continúa en estudio.
“La noticia representa un avance que las familias reciben con esperanza, pero también con una exigencia firme: si la Fiscalía reconoce que las órdenes por tentativa de homicidio son improcedentes, debe aplicar la misma conclusión al delito de homicidio, pues ambas acusaciones se sustentaron en los mismos elementos probatorios”.
Mazatecas por la Libertad detalló que durante estos 12 años, las personas indígenas de Eloxochitlán de Flores Magón han obtenido diversos amparos que declararon ilegales órdenes de aprehensión, al considerar que no se encontraba acreditada la probable responsabilidad de las personas acusadas. Y que en esas resoluciones también cuestionaron la veracidad y consistencia de los testimonios que dieron origen a las acusaciones.
Pero pese a ello, en lugar de acatar plenamente los criterios judiciales y poner fin a las órdenes cuestionadas, el juzgado local reiteró las órdenes de aprehensión y prolongó la incertidumbre jurídica. Así, personas que habían conseguido resoluciones favorables continuaron sin poder regresar a sus hogares.
De un total de 34 personas acusadas en relación con estos delitos, 24 han obtenido su libertad; el resto continúa en el exilio por la presunta persecución judicial.
“Lo ocurrido el 11 de noviembre del 2026, tiene una dimensión diferente: ya no se trata solamente de que la defensa haya demostrado ante los tribunales la ilegalidad de las órdenes; ahora es la propia Fiscalía, como órgano que creó y sostuvo la acusación, la que reconoce que las órdenes por tentativa de homicidio son improcedentes y decide promover su cancelación.
“Este paso debilita institucionalmente una de las acusaciones más graves utilizadas durante años para perseguir a integrantes de la comunidad. También obliga a revisar la actuación de quienes sostuvieron esa versión y las consecuencias que tuvo para las personas indígenas señaladas”, agregó.
La colectiva exigió a la Fiscalía de Oaxaca que entre el 20 y el 23 de noviembre formalice ante el juzgado la solicitud de cancelación de todas las órdenes de aprehensión correspondientes al delito de tentativa de homicidio, conforme a lo comprometido ante las familias.
Y que extienda el mismo criterio al delito de homicidio y solicite también la cancelación de sus órdenes de aprehensión, porque los elementos probatorios que sostuvieron ambas acusaciones son los mismos y deben ser valorados de manera congruente, a la luz de los datos posteriores incorporados a los procesos y del artículo 235 del Código de Procedimientos Penales de Oaxaca aplicable al sistema penal tradicional.
También demandó al Poder Judicial de Oaxaca que resuelva con independencia, sin presiones políticas y con pleno respeto a los amparos y a las evidencias judiciales. “No puede convertir la reiteración de órdenes cuestionadas en un mecanismo de persecución indefinida”, señaló, entre otras exigencias.