Tras el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la asociación Periodismo y Libertad de Expresión señaló que es urgente realizar una revisión integral del funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR.
Lo anterior, explicó, con el objetivo de evaluar su eficacia, respuesta y resultados en la investigación y persecución de los delitos cometidos contra periodistas.
Todas las carpetas de investigación del fuero común en las que se encuentren involucrados periodistas o medios de comunicación en su ejercicio periodístico, dijo, deben ser atraídas por la FEADLE, de manera pronta y efectiva.
“La corrupción, impunidad y la falta de independencia que persisten en diversas Fiscalías Estatales hacen indispensable que esta institución ejerza la facultad de atracción prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando formalismos excesivos que retrasen el acceso a la justicia”.
La asociación civil de Oaxaca también expresó que resulta necesario revisar el incremento de los procedimientos civiles por daño moral promovidos contra periodistas, a fin de verificar que estos no constituyan mecanismos de censura o litigios estratégicos destinados a inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
“Especial atención merece el uso indebido de procedimientos relacionados con la violencia política, cuando son utilizados por servidores públicos, de manera desproporcionada para inhibir, sancionar o restringir el trabajo periodístico. La protección de los derechos políticos debe coexistir con la garantía plena de la libertad de expresión, evitando que cualquier figura jurídica sea utilizada para silenciar el escrutinio público o limitar el debate democrático”, agregó.
Ante el incremento de las agresiones, amenazas, procesos judiciales y demás mecanismos jurídicos que intimidan a los periodistas y medios de comunicación en su ejercicio, puntualizó que es indispensable fortalecer las instituciones encargadas de su protección.
Y que el Gobierno Federal fortalezca el diálogo permanente con periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos mediante reuniones periódicas de trabajo de carácter nacional, estatal y municipal, que permitan identificar los riesgos y construir políticas públicas de fortalecimiento de los mecanismos de protección.
“La labor de quienes se dedican a la defensa los derechos humanos consiste en documentar, denunciar, visibilizar y defender a quienes son objeto de actos de corrupción, abusos de poder e irregularidades que afectan al individuo como a la sociedad, particularmente cuando las instituciones del Estado resultan Insuficientes u omisas para garantizar el respeto de los Derechos Humanos”.