Los señalamientos se dan luego de que entre el lunes y el martes la administración de Salomón Jara (Morena), a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), ordenó el desalojo de un reducido grupo de mujeres triquis desplazadas desde hace 12 años de San Juan Copala, que protestaban de manera pacífica en dicho recinto, y de unos 150 pobladores de Santiago Xiacuí, población de la Sierra Norte de Oaxaca.
En ambos casos, el gobierno estatal, a través de Jesús Romero López, titular de la Sego, justificó su actuar manteniendo un discurso respecto a que "no cederá a presiones, ni chantajes"; sin embargo, también en los dos desalojos el funcionario descalificó la validez de las protestas.
En el primero de los casos asegurando que Lorena Merino, la lideresa de las desplazadas triquis, era “dirigida” desde Polanco, ironizando que viajaba de forma constante a la Ciudad de México y asegurando que sus acciones estaba orientadas a “desestabilizar” al gobierno de Jara Cruz. Previamente, anunció que los acuerdos para la entrega de una serie de apoyos habían quedado sin validez dado que las mujeres habían incumplido con una cláusula en la que se comprometían a “no manifestarse”.
Sobre este desalojo, el gobierno también aseguró que se realizó “vigilando protocolos de respeto a derechos humanos” y justificando el uso policial argumentando que las mujeres estaban vendiendo en un lugar prohibido, los cual ha sido rechazado por las inconformes.
Mientras que en el segundo, Romero López justificó la participación de unos 50 policías estatales bajo el argumento de que los manifestantes cerraron los accesos a palacio y retuvieron a 300 personas dentro, por lo que aseguró que “no se negocia con grupos que pretenden presionar tomando rehenes para lograr intereses particulares”.
Además, aseguró que el dirigente de los inconformes está vinculado con un partido político que lo protegió y tuvo cinco relecciones y “está molesto porque ya no tiene privilegios”.
Mientras que organizaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo calificaron el actuar del gobierno morenista como represión.
“Reprobamos enérgicamente y nos pronunciamos en contra del uso excesivo de la fuerza policial usada por el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara (…) nos solidarizamos con las víctimas de esta acción de represión del gobierno estatal”, se pronunció la organización triqui.