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Trabajadores de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) denunció que el Congreso de Oaxaca aprobó modificaciones al decreto de creación de esta institución, y las cuales afectan sus derechos laborales. “Esto constituye un acto regresivo e injusto”, afirmaron.
Mediante un pronunciamiento, afirmaron que estas modificaciones, lejos de fortalecer el desarrollo laboral y la seguridad jurídica de los servidores públicos, representan un grave retroceso en los derechos adquiridos y una vulneración a la estabilidad y calidad de vida de “quienes dedicamos nuestro esfuerzo diario al servicio de la educación pública y al desarrollo de Oaxaca”.
Los trabajadores explicaron que las reformas al decreto afectan beneficios y condiciones laborales previamente establecidas, violentando el principio de irretroactividad de la ley y la confianza legítima que los trabajadores depositan en la institución como empleador.
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Y que la emisión del decreto se realizó sin previo proceso de consulta, diálogo o negociación con los trabajadores y trabajadoras.
“Esta acción arbitraria ignora el derecho a la libre asociación y la negociación colectiva, pilares fundamentales del derecho laboral nacional e internacional”.
También afirmaron que afecta a la comunidad universitaria, porque la desmotivación, la incertidumbre laboral y el detrimento económico del personal académico, administrativo y operativo impactan directamente en la calidad educativa, la estabilidad institucional y el compromiso con la excelencia.
Advirtieron que con la Junta de Gobierno se prevé un poder absoluto, implicando una simulación de procesos deliberativos, “pues las decisiones serán tomadas por el gabinete estatal y que, en su integración sólo se concede un voto a nuestra comunidad universitaria, con estas acciones se elimina por completo la figura del Consejo Académico como máximo órgano de decisiones”.
Mientras que las facultades establecidas a la figura de Rector o Rectora son de índole discrecional, porque se convierten en abuso o imposición, "calificándose como arbitrariedad".
Los trabajadores exigieron la inmediata consideración de las posibles consecuencias sociales y económicas que del decreto puedan derivar, y la instalación de una mesa de diálogo abierta, transparente y vinculante con la participación de representantes legítimos de la Universidad de la Sierra Sur, así como de las y los trabajadores, con el fin de construir consensos y no imponer medidas.
Así como el reconocimiento público de la labor que realizan las y los trabajadores universitarios y el compromiso de no emitir reformas que afecten sus derechos laborales adquiridos sin su consentimiento previo e informado.
“Nuestra postura se sustenta en el irrenunciable respeto a los derechos humanos laborales, consagrados en el Artículo 123 de la Constitución Federal y en Tratados Internacionales ratificados por México, como los Convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan el derecho a la negociación colectiva y protegen a los trabajadores contra actos unilaterales y regresivos del empleador”.
Asimismo, señalaron que se amparan en el Principio de Irretroactividad de la Ley (Artículo 14 Constitucional) que veda la aplicación de normas en perjuicio de derechos adquiridos, y en el Principio de Protección a la Confianza Legítima, “que nuestro máximo tribunal ha reconocido como pilar del Estado de Derecho”.
Finalmente, advirtieron que la imposición de estas modificaciones, sin el diálogo y la negociación previa que mandata la ley, constituye una violación flagrante a este marco jurídico de protección, que es vinculante para todas las autoridades del Estado de Oaxaca.
