Urgen "mano dura" contra notarios por despojos en Oaxaca; iniciativas para reformar ley notarial están congeladas

Oaxaca de Juárez.– Con el aumento en los señalamientos contra notarios públicos de Oaxaca sobre su relación con presuntos actos de despojo de bienes y de corrupción, como la creación de empresas fantasma, el diputado local por Morena César David Mateos Benítez considera necesario dar herramientas a la Fiscalía General del Estado (FGEO) para someter a proceso judicial a los fedatarios que incurran en actos ilegales e incluso la facultad para proponer el retiro del fiat (autorización) notarial.

Hasta ahora, reconoce el legislador oaxaqueño, las iniciativas de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca están detenidas para su análisis y posterior aprobación. Estas propuestas permitirían establecer disposiciones que regulen la manera en que se entregan las fiat y las sanciones en caso de incurrir en delitos.

La última reforma a la ley fue en 2001 y desde entonces se han presentado diversas iniciativas, principalmente enfocadas a impedir que los fiat notariales se “hereden” o sean entregados a hijos o familiares, o incluso como “pago político” de gobernadores salientes.

Una iniciativa reciente fue la presentada por el diputado local del PAN en la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca Leonardo Díaz Jiménez en la que propone acabar con lo que llama “la mafia” del notariado y con el “piñatazo” (entrega de fiat notariales a políticos afines al gobernador) de fin de sexenio, a través de un método de elegibilidad transparente. 

No obstante, también propone un tabulador de precios en los servicios concesionados a los notariados y que cobran a la ciudadanía.
El diputado César Mateos va más allá e insiste en que hay que dar “herramientas a la fiscalía para que en sus investigaciones y procesos emitan un fallo en ese sentido y no sean ellos mismos que se juzguen, sino por un mandato judicial o de la fiscalía o de investigación, que se les retire la fiat”.

Y aclara que no se trata de que los legisladores vigilen o limiten la libertad del trabajo de un notario, “pero sí es necesario observar que no afecten tanto” a una empresa como a un ciudadano o una comunidad.

“Lo digo porque en los últimos meses ha habido señalamientos severos con notarios que se han prestado a ayudar a dos-tres personajes, para apoderarse de casas. En Oaxaca esto no es nuevo, ya tiene bastantes años. El tráfico de influencias ha sido muy grande, muy severo, muy fuerte y efectivamente ha afectado tanto a particulares como a comunidades y en esto hay una red de funcionarios y de notarios públicos que se han prestado a falsificar documentos”, afirma.

Agrega que los señalamientos de la ciudadanía han sido constantes y como ejemplo están los casos de intento de despojo de la familia Conzatti, el de Cinco Señores y en San José La Noria de la ciudad de Oaxaca. Así como en el Istmo de Tehuantepec, donde se agudizó por los predios que están cerca de las obras del Corredor Interoceánico y que “obviamente tiene un sobreinterés ahora”.

De acuerdo con la fiscalía, existen mil 467 carpetas de investigación sobre despojo de inmuebles en Oaxaca:  “Hay un Colegio, un orden entre las notarías, hay una estructura formal y yo creo éticamente que ellos pueden inclusive sancionar y quitarles la fe de notarios. No es posible que a estas alturas ellos se presten a revivir muertos o a falsificar firmas para enajenar o beneficiar a una u otra familia o incluso, a un funcionario”, advierte.

César Mateos propone que la Fiscalía General de Oaxaca tenga la facultad de emitir una opinión respecto a si un notario debe o no conservar su fiat notarial, en el caso de que sea sujeto de una investigación por la comisión del delito y haya sido encontrado culpable.

Esto, porque al ser la responsable de la Dirección General de Notarías del Gobierno de Oaxaca, cargo que generalmente es ocupado por un notario, se puede sospechar que hay encubrimiento en alguna actividad ilícita.

Los casos de despojo han aumentado en el Istmo de Tehuantepec, presumiblemente por el crecimiento de la plusvalía derivado del proyecto de desarrollo del Corredor Interoceánico y “los beneficios económicos que puede representar la tenencia de la tierra; y en la región de la Costa, por la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos”, explica el legislador.

 

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