“Veto de Murat no impide que consejo ciudadano del Sistema Anticorrupción de Oaxaca funcione”
Juan Pablo Morales, actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL, que el veto a la ley secundaria, no impide que como Consejo realicen sus funciones, como lo hacen instituciones como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca y que sigue sin contar con ley secundaria
Oaxaca de Juárez.– El veto del gobernador Alejandro Murat a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca no va en contra de la reforma constitucional ni del decreto que creó el Consejo de Participación Ciudadana, afirman sus integrantes.
En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvieron que sus nombramientos siguen firmes, que es falso que hayan actuado fuera de la ley o que la reforma que extingue al anterior Comité de Participación Ciudadana sea un “secuestro”.
También negaron que haya un impacto presupuestal por el pago simultáneo tanto a nuevos consejeros, como a los integrantes del excomité, o que se les tenga que indemnizar.
Murat vetó el pasado 24 de noviembre la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca bajo dos argumentos: que se invaden competencias de otros Poderes y que no hubo una previsión presupuestal en la legislación.
Juan Pablo Munguía, presidente del ahora extinto Comité de Participación Ciudadana calificó el veto como una rectificación ante “el secuestro del sistema” por un grupo de diputados de Morena, y acusó a los actuales consejeros de incurrir en actos ilegales, como firmas de convenios, y por ser un organismo “espurio”.
En respuesta, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sandra Méndez Cruz, explica que el veto no es ningún obstáculo para ellos y aunque reconoce inconsistencias en la legislación, dice que se pueden corregir en la 65 Legislatura del Congreso. Este veto, agrega, tampoco les quita el nombramiento como consejeros, que se sustenta en la reforma y decreto constitucional, donde se detallan cómo fueron elegidos por la anterior Legislatura.
Juan Pablo Morales, actual consejero, puntualiza que “la ciudadanía debe comprender que son dos temas distintos”, pues el veto que el Ejecutivo hace a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción no es en contra el mandato del Congreso que creó al Consejo de Participación Ciudadana y extinguió al comité, y señala que lo que está vetado es la ley secundaria de esa reforma, por lo que rechaza que sea una “consejo espurio”.
El veto a la ley secundaria, detalló, no impide que como Consejo realicen sus funciones, como lo hacen instituciones como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca y que sigue sin contar con ley secundaria.
“El veto no va en contra del decreto que crea al Consejo de Participación Ciudadana y extingue al comité anterior; éste sigue vigente y, por tanto, el consejo continuará y seguirá trabajando con la ciudadanía, con la academia y con toda la sociedad civil a favor de la honestidad y en contra de la corrupción”, señala.
En segundo lugar, coincidió en que el veto es una oportunidad para mejorar una ley que si bien ha sido establecida y definida en los términos legales correspondientes, toda legislación es perfectible.
“Sabemos que pueden mejorar las reglas del juego. Lo veo como una oportunidad y así coincidimos los consejeros. Es una oportunidad para hacer rendir cuentas, incluso al propio Comité Coordinador que conforma el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de revisar algunos temas importantes que ni la anterior ley ni esta que fue vetada, la contemplan. Incluso podría ser algo favorable en donde podríamos trabajar de la mano con la actual legislatura para poder sacar a flote una ley que esté a la altura de lo que Oaxaca demanda”.
Pero, pese a reconocer dichas fallas en la ley, que llevaron a que fuera vetada, dijo que es falso que la nueva ley genere ilegalidad y falta de certeza jurídica como sostiene el veto del gobernador.
“Nosotros hemos decidido no ponernos a la altura del anterior comité ni hacer una campaña mediática, porque finalmente estamos seguros que el decreto constitucional que nos sostiene es el que se antepone ante cualquier duda o acción que pudiera ir en contra del mismo. Finalmente hay un principio constitucional que es el de supremacía de la ley que es el que se establece”.
Sobre la presunta duplicidad en el pago de honorarios y el impacto presupuestal, el consejero Juan Pablo Morales considera que se han emitido “muchos juicios temerarios” y uno de ellos es precisamente el tema presupuestal.
Cuando uno es parte de un órgano de esta naturaleza, colegiado, dice, se está sujeto a un inicio y un fin de término, el cual no está obligado a que después de una reforma constitucional se tenga que finiquitar a un consejo.
“Así está establecido en jurisprudencia y en este sentido, siempre hay un presupuesto definido para el órgano como tal. Y en ese sentido, no está establecida alguna indemnización o algún pago que tendría que darse”.
Además, detalla que los integrantes del anterior comité estaban bajo la figura de honorarios, por lo que no se está obligado a otorgar una liquidación.
Juan Pablo Morales aseguró que han querido sorprender al propio Ejecutivo al quererle vender la idea de que tienen que pagarles una indemnización; pero señala que serán las instancias legales correspondientes las que lo determinarán, pero hasta ahora no hay un precedente legal.
Sobre las acusaciones de que el Consejo de Participación Ciudadana es “espurio”, el consejero responde que es el Comité de Participación Ciudadana el que está extinto desde el pasado 1 de junio de 2021, pues insiste que nunca se impugnó o se vetó la reforma constitucional que crea el Consejo y desaparece el Comité.
El consejero Félix Pérez Lucas agrega que el Consejo de Participación Ciudadana fue constituido de manera legal conforme a los artículos 113 y 120 de la Constitución Política de Oaxaca y en el decreto constitucional, en los que está su origen.
De ese punto de vista, apunta, no hay ninguna irregularidad en su creación. “El término espurio, pues no, porque entonces la misma comisión de selección sería ilegal y esta comisión de selección está facultada por el Congreso, entonces no veo alguna irregularidad en cuanto a la formación y el proceso. Lo único que hubo fue una suspensión provisional del proceso de selección, pero se retoma y se concluye finalmente el proceso. Legalmente estamos constituidos con esos fundamentos”, señala.
La presidenta del consejo, San Méndez, menciona que a los integrantes del excomité los subieron “al barco de los amparos”, porque también acudieron al Poder Judicial Federal para promover que les suspendieran sueldos, contratos y otras cuestiones. Afortunadamente, dice, el criterio del juez ha sido que se les niegue la suspensión.
“Han perdido 90% de sus amparos, esperamos que en los próximos días les sean negados la totalidad de ellos y que concluya en definitiva esta controversia. Consideramos que no puede estar el interés de la sociedad por encima de un interés de un particular, primero tenemos que ver por el beneficio común”, finaliza.
