La legisladora agregó que estas prácticas médicas son inadmisibles y que no obstante han ocurrido en contra de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
“Investigaciones académicas y periodísticas han documentado hechos de esterilizaciones forzadas en diversos puntos del país, principalmente en contra de mujeres indígenas a quienes se les practica la salpingoclasia o colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), entre otros métodos sin su consentimiento”.
La legisladora afirmó que estas reformas protegen el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos, su maternidad o bien, el no ejercicio de ella que es un derecho constitucional a la inviolabilidad de la vida privada con relación a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, y contar con acceso a la información.
Reyes Soto destacó que la protección a menores de edad fue una premisa en el proyecto aprobado ya que se establecieron agravantes cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o se trate de persona incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Además, si el delito es cometido en contra de una persona menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, el hecho será perseguido de oficio, entre otras previsiones contenidas en el dictamen aprobado.
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