Pasado el mediodía, las mujeres que por meses han ocupado el parque principal para vivir y realizar actividades comerciales, volvieron a instalarse en el lugar y aseguraron no tener a donde ir, lo que desató el conato violento.
Las mujeres denunciaron arbitrariedades cometidas por los elementos e inspectores municipales y señalan que las medidas para retirar los puestos, no son las mismas con todos los vendedores, afirmando que ellas son víctimas de discriminación.
Para exigir la devolución de su mercancía, las mujeres enfrentaron a los policías e inspectores, quienes salieron corriendo del sitio, siendo perseguidos con palos por las artesanas, al grito de ¡rateros!
Las inconformes insistieron en que no son comerciantes y se encuentran viviendo en la zona desde hace varios años, pues fueron desplazadas de su comunidad de origen y no han sido reubicadas.
“Nos catalogan como comerciantes y realmente somo mujeres desplazadas de San Juan Copala, y nos catalogan así; que vean de fondo qué asunto estamos manifestando”, reiteraron.
Los conflictos en la zona triqui, desde hace más de una década, propiciaron que decenas de familias fueran desalojadas y desplazadas de San Juan Copala por grupos paramilitares.
Tras lo sucedido, organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han emitido medidas cautelares para solicitar al gobierno brindarles vivienda; sin embargo, las familias no han sido reinstaladas.
De acuerdo con su relato, a la una y media de la madrugada de hoy, personal del ayuntamiento capitalino entraron sin aviso previo a retirar las estructuras que tenían colocadas en el zócalo.
“No respetaron que había niños y ancianas durmiendo, se llevaron las estructuras y las lonas con nuestras exigencias: el retorno digno y seguro a San Juan Copala y justicia, el Estado lo ha tenido mucho tiempo, no es algo de ahorita, lleva 10 años”, relataron.
Quienes habitan el zócalo, dijeron que no tienen un lugar para vivir y señalaron que en repetidas ocasiones han acudido al municipio a pedir permiso para vender pero que les han exhortado unirse a otras organizaciones para ello. “El municipio dice que nos unamos con alguna organización social, pero a nosotras como víctimas no nos lo dan”.
Ante esta situación, las mujeres anunciaron que permanecerán en resistencia y pidieron la intervención del gobierno estatal.
“El Estado no ve esto, no voltea a ver al pueblo que sufre, que slmos discriminados. No hay un respeto a la medida cautelar ni a nosotros como pueblos originarios. Pedimos al gobernador Alejandro Murat y a la Secretaría General de Gobierno (Segego) que volteen a ver a este pueblo y sus necesidades.