Oaxaca de Juárez.— La Barra Oaxaqueña de Abogados Ambientalistas (BOAA) interpuso 10 amparos contra la convocatoria a personas físicas y morales emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), a cargo de Samuel Gurrión Matías, para la instalación y operación de 24 centros de verificación vehicular en el estado de Oaxaca.

El representante de BOAA, Antonio Velasco Román, explicó que los amparos se interpusieron ante los Juzgados Federales en materia Administrativa por diversas irregularidades y omisiones en la convocatoria con número SEMAEDESO/CCRNB/DCCDS/DCAVV/01/2020, la cual fue difundida el jueves 19 de noviembre de 2020.

Una de las primeras irregularidades, señalaron, es que no se encuentra publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca; la segunda, es que al día siguiente (el 20 de noviembre) algunas personas físicas y morales acudieron a las instalaciones de la Semaedeso para obtener las bases con las cuales participar en esa licitación; pero no se les permitió ingresar y se les aseguró que el número de participantes ya estaba cubierto.

Otra más de las inconsistencias denunciadas es que únicamente se establecen cinco días para armar las propuestas para la instalación y operación de un verificentro vehicular; lo cual, lo hace prácticamente imposible, pues aseguraron que la dependencia pretenda emitir un fallo el próximo 2 de diciembre.

Una cuarta irregularidad u omisión, es que según los abogados, la convocatoria tiene anexos en los cuales se detallan las bases de participación; pero estos anexos no están disponibles ni acompañan a la convocatoria; tampoco tiene fecha de vigencia y carece de fundamentación y motivación, porque no hay un reglamento de equilibrio ecológico.

“Por tanto, no sabemos en qué se basó la Semaedeso y también es imposible que en periodo tan corto de cinco días se tenga una propuesta para la instalación de un verificentro”, insistió.

Antonio Velasco se negó afirmar que se trate de corrupción al interior de la dependencia estatal pero dijo que hay indicios en los que se puede presumir que se pretende favorecer a alguien o algunas personas con los permisos para la operación de estos centros encargados de la verificación vehicular en el estado.

“Razón por la cual existe la imperiosa necesidad de buscar el amparo contra ella (la convocatoria), por distintos agravios que violan flagrantemente las garantías individuales. Siendo entre otros, la poca difusión que se diera a la misma, así como los plazos tantos recortados que existen ente las reuniones que se realizarán”, afirmó.

El representante de este grupo de abogados, informó que también se promovió un recurso de amparo ante la falta de respuesta de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y por permitir esta serie de irregularidades.

“La sociedad organizada no puede ser omisa a este tipo de atropellos y decisiones tomadas al vapor”, finalizó.

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