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Los juristas señalaron que las medidas dictadas por autoridades sanitarias el pasado 31 de marzo, indican que los tribunales se consideran esenciales y pueden seguir operando a pesar de la pandemia, no obstante, en Oaxaca permanecen inactivos, atendiendo únicamente los temas penales.“Lógicamente hay una repercusión económica con esto. Ya tenemos así un mes y nosotros vivimos de nuestros clientes”, manifestaron.
“De qué vamos a vivir”, cuestionaron al tiempo de lamentar que de acuerdo con las autoridades federales las medidas de aislamiento, y por lo tanto la suspensión de actividades, se prolongaría hasta el mes de agosto.
Según los abogados, tras la declaratoria de emergencia quedaron fuera de los programas de apoyo financiero. Aunque en recientes días solicitaron al gobierno estatal ser canalizados a un mecanismo de respaldo económico, aún no tienen certeza sobre ello.
