Construyeron gasolinera de Brenamiel violando disposiciones legales

La gasolinera ubicada en el crucero del deportivo Brenamiel, suspendida por un juez federal desde el pasado mes de agosto, se construyó sobre uno de los principales ductos que surten agua potable a unas 90 colonias de la capital de Oaxaca, según denunciaron vecinos.

Entre 2014 y 2017 los dueños y sus representantes violaron las disposiciones de tres autoridades estatales (Protección Civil, SAPAO y Ecología), pasaron por alto una clausura de Protección Civil y desobedeciendo resoluciones de tres jueces (uno local y dos federales) que impedían construir esa estación de servicio y que comenzara a funcionar, señalaron.

Acusaron que en este caso se presume tráfico de influencias, ya que la primera autorización de Impacto y Riesgo Ambiental la dio la ex directora de Ecología en el sexenio de Gabino Cué, Helena Iturribarría Rojas, quien es tía de una de los dueños.

Iturribarría Rojas renunció en abril de 2016 para irse a la campaña de José Antonio Estefan. Un mes después, un representante jurídico de la campaña del PRI denunció ante los medios que en el mismo predio donde construían la gasolinera había despensas para la campaña del PAN-PRD.

El 10 de marzo de 2015 la Coordinación Estatal de Protección Civil emite un reporte de vulnerabilidad en donde concluye:

a) La línea de conducción de agua potable tiene un derecho de vía preponderante y derecho de antigüedad.

b) Existe una posibilidad latente de contaminación del agua potable, lo que deriva en una amenaza sanitaria ecológica de riesgo alto.

c) El proyecto de la gasolinera no es factible en la dirección que señala, por el riesgo latente de fuga de agua o contaminación.

Un año antes, el 23 de julio de 2014, la dependencia Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) notificó a los dueños de la gasolinera la lista de materiales para la reubicación del tubo de agua, ya que sólo cambiando la línea de conducción les podrían autorizar construir la estación de servicio.

Ocho meses después, el 20 de marzo de 2015, el director Técnico de SAPAO, Miguel Ángel Morales y Morales, realizó una inspección y observó que:

1) Encubrieron y “encamisaron” (cubrieron con cemento) la línea de conducción de agua sin autorización de SAPAO;

2) La maquinaria y materiales para la reparación o mantenimiento del tubo “puede provocar un accidente de tipo explosivo”;

3) Para las labores de reparación o mantenimiento se requiere, por lo menos, de un espacio de 9 metros cuadrados para que pueda operar la maquinaria; y

4) El funcionamiento de esta maquinaria cerca de los despachadores de combustible constituiría “un riesgo de accidente fatal en un radio de 500 metros cuadrados”.

Asimismo, el director Técnico de SAPAO solicita a Ecología la suspensión de los permisos, hasta que cumplan con lo que los requisitos que les piden a los dueños de la gasolinera (cambiar el ducto de agua potable).

El 28 de mayo de 2015 Protección Civil clausura la gasolinera. Sin embargo, a pesar de estar clausurada, la siguieron construyendo de manera ilegal entre 2015 y 2016.

El 19 de junio de 2015, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca ordena suspender la construcción de la gasolinera (juicio 38/2015). Pero tampoco obedecieron la orden del juez.

Ese mismo año, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca les negó a los dueños de la gasolinera la suspensión definitiva en juicio de amparo 766/2015, reafirmando así la clausura de Protección Civil.

Entre 2015 y 2016 los dueños de la gasolinera y sus abogados tramitaron los permisos ante Pemex, la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En febrero de 2016 el abogado de los vecinos inconformes le informa a Pemex, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que hay un ducto de agua, que la gasolinera está clausurada y que hay disposiciones de tres autoridades estatales y de jueces contra la empresa.

A pesar de eso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente expidió autorización en materia de impacto ambiental a favor de la gasolinera. Por ello se tramitó el juicio de amparo 1097/2016 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; el juez confirma que lo autorizado fue ilegal y suspende la autorización de la ASEA.

Sin embargo, pasando por alto la resolución del juez, Pemex surte combustible e inauguran la gasolinera el 24 de junio de 2017.

Ante el cúmulo de irregularidades, dos meses después, el 22 de agosto de 2017, el juez Cuarto de Distrito ordena a todas las autoridades suspender el funcionamiento de la gasolinera; es por eso que Pemex se ve obligado a suspenderle el suministro de combustible.

El 8 de agosto de 2017, a petición de los dueños, el director jurídico de SAPAO emitió un oficio cuyo contenido iba en contra de los dictámenes que Protección Civil y que el mismo SAPAO emitieron en 2015. El juez federal desestima ese oficio y mantiene su resolución que suspende el funcionamiento de la estación de servicio.

El 11 de octubre de 2017 los directores Jurídico y Técnico de SAPAO reponen el oficio que les solicitaron los dueños de la gasolinera. De manera inusual, como si ejercieran funciones de peritos de la empresa, presentan lo que llaman un “dictamen técnico” que intenta dar respuesta, punto por punto, a lo que señaló el juez Cuarto de Distrito al ordenar la suspensión de la estación de servicio.

También en forma totalmente irregular, el director Técnico de la dependencia, Miguel Ángel Morales, quien en 2015 señaló que “encamisaron” la línea de conducción sin autorización de SAPAO, que la reparación o mantenimiento del tubo “puede provocar un riesgo explosivo” y “un riesgo de accidente fatal en un radio de 500 metros cuadrados”, además de que se requieren 9 metros cuadrados para esas maniobras, en 2017 inexplicablemente cambia totalmente de opinión.

Ese mismo director Técnico de SAPAO menciona en 2017 que la gasolinera ya no representa riesgo de contaminación del agua, se olvida del riesgo de explosividad del que alertaba dos años antes, asegura que el derecho de vía es de 80 cm. y dice que son suficientes para los trabajos de mantenimiento, olvidándose de los 9 metros cuadrados que consideró en 2015. O mintió en 2015 o miente en 2017, lo que es muy grave, expusieron los vecinos de esa zona, ubicada en la colindancia de Oaxaca de Juárez con el municipio de San Jacinto Amilpas.