Ben Sutchi, operaba empresa “fantasma” en Oaxaca

La empresa oaxaqueña Bucay Servicios Empresariales S. A. de C. V., vinculada a los israelíes asesinados en la Ciudad de México y relacionados con el crimen organizado, fue incluida en la lista definitiva de empresas “fantasma” del Sistema de Administración Tributaria (SAT) el 30 de julio de 2018.

De acuerdo con el SAT, esta sociedad mercantil emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

La primera notificación a esta compañía por las irregularidades encontradas fue el 6 de diciembre de 2017 a través de un oficio de presunción; una segunda notificación fue en la página de internet de la dependencia el 1 de enero de 2018 y una tercera en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del mismo año.

El 30 de julio de 2018 informó de la notificación de resolución definitiva, la cual entró en vigor al día siguiente porque la empresa no desvirtuó los hechos y por tanto “se encontrarían en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018”.

El pasado 24 de julio de 2019, Alon Azulay y Benjamin Sutchi —ambos de nacionalidad israelí— fueron asesinados en la Plaza Artz de la Ciudad de México.

Según los resultados de las investigaciones el crimen fue ejecutado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal para la cual presuntamente se dedicaban a lavar dinero, así como por un probable conflicto con la banda delictiva de los Mosley Brothers.

En las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), publicadas en medios de comunicación nacionales, las dos víctimas fundaron la empresa Bucay Soluciones Empresariales S. A. de C. V., ubicada en calle Álamos 505 de la colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez, dirección verificada por EL UNIVERSAL y en la cual desconocen la existencia de la firma.

La sociedad mercantil ha obtenido contratos con el gobierno local para surtir de papelería y dar asesoría legal desde 2016.

De acuerdo con el informe de la FGR, esta empresa también sostuvo contratos con ayuntamientos, y tanto al gobierno estatal como a los municipios, les ayudaba en operaciones financieras para que la Federación les devolviera el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA).

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, los dos israelíes se dedicaban a lavar dinero a través de empresas como la de Bucay Soluciones Empresariales en Oaxaca, así como otras en Puebla, Guanajuato, Querétaro y en la Ciudad de México.

Guadalupe Del Rosario Quezada Olvera, representante legal de Bucay Soluciones Empresariales, negó tener alguna relación con los israelíes asesinados.

Aseguró que la empresa no tiene ni ha tenido injerencia, participación o inversión extranjera y que por lo tanto no ha formado parte de esta sociedad mercantil ninguna persona física o moral israelí; asimismo, afirmó que ha realizado sus actividades empresariales desde 2011 con regularidad.

Al respecto, tres dependencias estatales han hecho públicos contratos por adjudicación directa realizados por el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad (Iodemc), el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado (Icapet) y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).

Con el Iodemc, Bucay obtuvo dos contratos por adjudicación directa en el año 2017. Uno por 510 mil pesos por prestación de servicios que no se especifican; el segundo, por un monto de 800 mil pesos para la prestación del servicio de certificación y verificación en cinco normas para la gestión de calidad por la EMA.

Uno de los lineamientos de fue el NMX-V-005-NORMEX-2013 Bebidas Alcohólicas “para elevar la competitividad de la industria del mezcal” a través de la implementación de un laboratorio para la verificación del cumplimiento de normativo para bebidas alcohólicas”.

Mientras que con el Icapet, también por adjudicación directa, fue contratada para proveer de cuadernillos, trípticos, carpetas tamaño carta, lonas impresas y display, pero no específica el monto.

El Osfeo encontró irregularidades en un contrato con el ayuntamiento de Santa María Huatulco por un millón 90 mil 585 pesos, según los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de 2017.