La autonomía, precisaron, tiene que ver con la responsabilidad de la comunidad universitaria de emprender sus propios procesos educativos, políticos y administrativos, en concordancia con el estado de derecho.
“Desde ese momento hasta hoy, la universidad ha desarrollado acciones que les han permitido tener sus puertas abiertas a la sociedad y cumplir con su misión sustantiva: impartir educación orientada al beneficio integral de la sociedad, generar conocimiento a través de la investigación científica y promover la extensión y difusión de la cultura”, aseguraron.
Sin embargo, reconocieron que a 50 años de la autonomía de la casa de estudios aún hay “asignaturas pendientes” como la actualización de los reglamentos en extenso de los procesos electorales, la suficiencia presupuestal en términos de corresponsabilidad con el estado y la federación, la continuidad de la reorganización administrativa y la instalación del Tribunal Universitario.
En el marco de la nueva Ley General de Educación Superior en la que se reafirma el valor de la autonomía y actualiza su significado en la transformación nacional, mencionaron que la universidad en “coadyuvante” en coordinación con el gobierno federal e instituciones de educación superior.
También manifestaron que emprenderán las acciones para cumplir con la misión del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) para que se favorezca que los sistemas educativos conformen un andamiaje institucional “que al involucrarse en un proyecto social permita a la educación superior incidir en la transformación social de nuestra identidad y nuestra sociedad real”.
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