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Juan José Consejo, director del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (INSO), aseguró que hay elementos suficientes para afirmar que hubo intereses o presiones inmobiliarias para que el Ayuntamiento de la capital del estado revocara el acuerdo con el que se prohibía el cambio de uso de suelo en la zona de reserva ecológica y Área Natural Protegida de la ciudad de Oaxaca.
“Hay suficientes elementos para decir que hay una presión inmobiliaria muy grande. ¿Cómo se expresa esta presión?, por este tipo de cosas (la revocación del acuerdo), porque en la práctica lo están haciendo. En esto no necesitamos pruebas, hay intereses inmobiliarios que se han saltado la ley para favorecer intereses y hay muchos ejemplos: en el cerro del Crestón, en el Cerro del Fortín. Eso está pasando constantemente”.
En un diálogo sostenido con medios de comunicación y representantes de organizaciones sociales que conforman el Observatorio Comunitario del Agua (OCCAMA), también advirtió de las consecuencias ambientales de esta decisión de las autoridades del Ayuntamiento de la capital oaxaqueña, de la complejidad legal alrededor de este tema, de la opacidad o falta de transparencia tanto del gobierno municipales como estatal.
Y puntualizó que se ha tratado de colocar una disyuntiva “artificial” entre la protección y conservación del medio ambiente, y el derecho a una vivienda. Se trata, dijo, de cómo conciliamos los derechos de los legítimos dueños de algunas tierras como los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, con el derecho a vivir en un ambiente sano.
Protestan contra decisión del Ayuntamiento de Oaxaca
Hoy, por ejemplo, protestaron integrantes de la asociación civil Colmillo Blanco contra la decisión del presidente municipal, Raymundo Chagoya, de revocar el acuerdo que prohibía el cambio de uso de suelo en la zona protegida y fueron increpados por personas que construyeron sus viviendas en esta área o que poseen terrenos, bajo el argumento de que es benéfica para darle certeza a sus propiedades.
Sin embargo, la revocación del acuerdo abre la puerta a la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios o de viviendas, pese a su importancia ambiental para la región de los Valles Centrales de Oaxaca.
El director del INSO, Juan José Consejo, remonta esta problemática al año 1991 cuando el exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez, decretó en ese entonces alrededor de mil 400 hectáreas de la Cordillera de los Valles Centrales que abarca una extensión de aproximadamente 60 mil hectáreas.
Esta protección se decretó a partir de la intención de construir el Libramiento Sur, una carretera para desviar el tráfico de vehículos fuera de la capital del estado, y ante la oposición de ciudadanos y comunidades por la afectación ambiental.
En ese decreto se establecieron restricciones para la construcción de viviendas, centros comerciales, gasolineras, etcétera y no tuvo carácter expropiatorio, es decir, se respetó la propiedad ejidal, comunal y de pequeños propietarios.
A partir de ahí se han emitido decenas de decretos en esta zona como el que protege el Cerro del Crestón, el Cerro del Fortín, así como planes parciales de desarrollo, el Parque Nacional Benito Juárez, entre otros, documentos legales que están lejos de otorgar certeza jurídica.
“La complejidad que en términos agrarios tiene la Cordillera en su conjunto. Por ejemplo, el Parque Nacional Benito Juárez (que está dentro de la cordillera y de la zona protegida) con 27 mil hectáreas, el Cerro del Fortín que abarca 88 hectáreas o el Cerro del Crestón que tiene cerca de 10 hectáreas; este último que no es ni propiedad comunal ni ejidal, sino que es propiedad del gobierno del estado”.
Uno de los planteamientos que ha realizado el INSO es que al menos se deben conservar 30 mil hectáreas de la Cordillera de los Valles Centrales que abarcan municipios desde San Juan del Estado hasta municipios de la Sierra Norte de Oaxaca como Santa Catarina Ixtepeji y Zoquiápam.
“Asegurémonos que esto se mantenga, porque estamos hablando de la estabilidad de los Valles Centrales. Es vital, si no conservamos esto, sí tendremos que plantearnos si seguimos aquí, aunque nos llamen catastróficos”, expresó.
El "agandalle" de tierra
Consejo recordó que a finales de 2024, el Gobierno de Oaxaca restituyó tierras que no fueron contemplados en el decreto de 1991 sobre la zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida de la ciudad de Oaxaca, bajo el supuesto de dar certeza jurídica en algunas partes de esta zona donde ya había construcciones y personas con propiedades, y se prometió que no se “tocaría” a los pequeños propietarios.
El activista, además, sostuvo que los Valles Centrales han sufrido un proceso de “agandalle” de la tierra, particularmente en esta área protegida como en San Felipe del Agua, donde se han asentado políticos y personas con altos recursos económicos, y que sus propiedades han sido regularizadas con procesos irregulares.
Otro ejemplo de ello, dijo, es el Hotel Victoria que está sobre el área del Cerro del Fortín. “El proceso de compra venta de tierras ha sido más bien de agandalle”, recalcó.
Y ahora, se sabe que hay proyectos inmobiliarios en el Cerro del Crestón, así como la venta de tierras en el Ejido Guadalupe Victoria de la ciudad de Oaxaca, de las que sólo es posible que sean adquiridas por personas con muy alta capacidad económica.
Nadir Hernández Quiroz, integrante de la organización Flor y Canto, calificó como grave que en la decisión del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por Raymundo Chagoya, no haya una consulta ciudadana y que exista falta de transparencia, y advirtió que los mecanismos de participación ciudadana se están cerrando también por la pretensión del Gobierno de Chagoya de desaparecer los comités de vida vecinal.
Entre los mecanismos que se plantean como sociedad civil para combatir estas decisiones de las autoridades municipales y estatales están la estrategia jurídica, procesos de concertación con las autoridades y hacer públicas este tipo de decisiones.
