Comerciantes y concesionarios de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, informaron que no participarán en el “Programa Municipal de Regularización y Actualización de Derechos de los Mercados Públicos y del Mercado de Abastos”, y de “cobros irregulares” a través de la invención de un nuevo documento llamado "constancia de concesión" que no tiene fundamento legal.
En conferencia de prensa, explicaron que este programa fue aprobado por el ayuntamiento de la capital del estado el pasado 17 de septiembre de 2026, pero que “maliciosamente” se dio a conocer públicamente hasta el 13 de octubre de 2026.
Además, señalaron que cómo está planteado ese programa, no ofrece garantías suficientes que permitan tener certeza jurídica sobre el alcance de este procedimiento, sus consecuencias y la protección efectiva de los derechos de quienes ejercen su actividad en estos mercados públicos.
“Mientras no se esclarezcan sus alcances jurídicos y garantías expresas, suficientes y verificables para proteger los derechos de las personas comerciantes, no vamos a participar, dijeron.
“Esta determinación responde a la necesidad de evitar que un procedimiento de actualización o integración de expedientes administrativos pueda generar consecuencias perjudiciales para quienes actualmente ejercemos nuestros derechos comerciales, particularmente cuando existen concesiones otorgadas por el cabildo municipal y situaciones jurídicas que requieren ser respetadas y examinadas individualmente”, explicaron.
Los comerciantes y concesionarios agregaron que temen que a través de este programa, se pongan en duda sus derechos obtenidos a través de concesiones otorgadas previamente por el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de generaciones; o que estas concesiones se condicionen o desconozcan.
Una de sus exigencias, es que se garantice expresamente que la participación o falta de participación en el programa no será utilizada como motivo automático para cancelar, revocar, desconocer o limitar una concesión, sin que previamente se sustancie el procedimiento legal correspondiente, se funde y motive la determinación y se respete el derecho de audiencia de la persona afectada.
“Reconocemos la importancia de que los mercados públicos cuenten con expedientes actualizados y procedimientos administrativos transparentes. Sin embargo, consideramos indispensable que dichas medidas se desarrollen dentro de los límites que establecen la Constitución y la legislación municipal”, puntualizaron.
También exigieron al cabildo municipal de la capital, ejerza sus atribuciones que le corresponden en materia de concesiones. Por ello, insistieron en que se precise qué actuaciones corresponden exclusivamente a las áreas administrativas y cuáles, por su naturaleza y conforme a la normativa aplicable, requieren conocimiento, dictamen, autorización o resolución del órgano municipal competente.
Y demandaron que no se inventen términos como “constancias de concesión” que no existen legalmente, y que se garantice el derecho de quienes aún no cuentan con una concesión formalizada.
“La falta de un título formal no debe resolverse mediante decisiones discrecionales ni a través de criterios que no hayan sido debidamente establecidos y sustentados en la normativa aplicable. Deben analizarse individualmente los antecedentes, la documentación, la antigüedad y las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de los requisitos legales correspondientes”.
Los locatarios insistieron en que se aclaren las reglas y los alcances de este programa, y que sean sometidos al procedimiento legal correspondiente.
Su objetivo es que se garantice por escrito que la no participación en el programa no producirá, por sí sola, “la cancelación, revocación, desconocimiento o limitación de concesiones o derechos previamente reconocidos, sin perjuicio de las obligaciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable”.