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Ante un nuevo caso de abuso, discriminación y violencia ejercida por inspectores municipales, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación al gobierno del presidente municipal de la capital del estado, Raymundo Chagoya Villanueva.
De acuerdo con el organismo, los diferentes casos documentados en medios de comunicación y redes sociales evidencian un patrón sistemático de abuso, hostigamiento y violencia institucional ejercida por inspectores municipales de Oaxaca de Juárez.
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El caso más reciente ocurrió cuando los funcionarios municipales interceptaron a un joven indígena procedente de Veracruz que caminaba sobre las calles del centro de la ciudad vendiendo muebles de madera, y con violencia lo detuvieron y lo amenazaron con llevarlo detenido; el momento fue documentado por un ciudadano. El inspector también amenazó a la persona que estaba grabando los hechos.
La DDHPO señaló que estos abusos de autoridad, registrados en video y ampliamente difundidos, afectan de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad: comerciantes ambulantes, personas con discapacidad, artistas urbanos, mujeres con niñas, niños y adolescentes, y estudiantes, quienes han sido objeto de agresiones físicas, decomisos arbitrarios, robo de pertenencias y tratos discriminatorios por parte de funcionarios municipales.
“Lo más alarmante es la ausencia de acciones correctivas por parte del propio Ayuntamiento, lo cual podría interpretarse como una política de permisividad institucional, por ello desde esta Defensoría recalcamos que la autoridad municipal está obligada a garantizar el respeto a los derechos humanos y a erradicar cualquier forma de criminalización de la pobreza o el trabajo informal”.
El organismo exigió a Raymundo Chagoya que ordene una investigación inmediata de los casos documentados, así también sancione a los servidores públicos involucrados y establezca protocolos con enfoque en derechos humanos para sus operativos en vía pública.
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“La DDHPO reitera que el ejercicio de la autoridad debe estar sujeto a principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana. Ninguna estrategia de orden puede construirse a costa de la dignidad. Por ello, se ha determinado abrir queja de oficio para investigar debidamente los casos documentados”.
