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Organizaciones de la sociedad civil que conforman la Plataforma de Derechos Humanos exigieron a las autoridades estatales y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez transparentar y aclarar la situación en la que se encuentran las personas que fueron detenidas en la Central de Abastos los días 16 y 17 de mayo de 2025 en un operativo llamado Operación Pescador, y en lo que la mayoría de los detenidos son personas en situación de calle o con algún problema de adicción.
Las organizaciones civiles y colectivos que conformamos esta Plataforma de Derechos Humanos manifestamos nuestra preocupación por el destino y el trato dado a estas personas. En las imágenes y videos que circulan en redes sociales se observa falta de coordinación, así como un desconcierto por parte de las personas retenidas.
Las organizaciones señalaron que es preocupante la falta de información y claridad en cuanto a los espacios que, supuestamente, albergan a estas personas, y es que es sabido que muchos de estos lugares funcionan sin permisos ni protocolos adecuados.
Incluso, en varios de ellos, el Mecanismo. Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Código DH, ha documentado hechos de tortura.
Mediante un pronunciamiento, manifestaron que sería muy grave que las autoridades que participaron en el operativo hayan omitido dar a conocer sus derechos a las personas que fueron detenidas y/o fueron trasladadas.
En el caso de las personas detenidas, dijeron que es necesario tener claridad en las acusaciones y evitar una criminalización y estigmatización por su aspecto físico, su condición de pobreza, abandono e incluso por el consumo de drogas.
"Es indispensable conocer la manera en la que se está garantizando una atención adecuada a las más de 400 personas en situación de calle que fueron "rescatadas" de acuerdo a lo dicho por las autoridades".
Y puntualizaron que los lugares de recepción de las personas con problemas de consumo de drogas deben considerar las condiciones adecuadas de higiene, infraestructura, servicios médicos y de rehabilitación adecuados, considerando la NOM-028-SSA2-2009.
Pidieron que la información, en relación a este operativo, sea clara y precisa por parte de las instituciones que participaron en él, y en especial para conocer cuántas personas, en qué calidad y a petición de quién fueron trasladadas.
Así como los lugares a los que fueron referidas para su resguardo las personas y los protocolos de recepción y cuidado.
"Señalamos que, en dicho operativo, habría sido necesaria la presencia de personal de la Defensoría para constatar el respeto y resguardo de los derechos humanos de las personas trasladadas, bajo los parámetros de Derechos Humanos de las Personas en Situación de Calle y vigilar que éstos recibieran una atención integral mediante la implementación de las acciones necesarias para contar con las condiciones mínimas para el goce y ejercicio de todos sus derechos, en respeto a su dignidad con enfoque interseccional".
