Obra vial de Símbolos Patrios en la ciudad de Oaxaca, la pugna por medir su impacto ambiental

Oaxaca de Juárez.- La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra)  de Oaxaca descartó  la realización de  la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la ampliación a ocho carriles de la avenida Símbolos Patrios, ubicada en la capital del estado, con base en un  análisis realizado por la empresa Geoterra Ambiental, contratada por la misma dependencia. 

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por dicha empresa, el proyecto no pone en riesgo la integridad natural de algún ecosistema en la zona, dado que se trata de la modernización de un tramo carretero que se encuentra actualmente en operación y donde el uso de suelo es de tipo habitacional.

Fue con  ese argumento que se solicitó la exención de la (MIA),  “con el fin de tener un equilibrio entre la realización del proyecto y el ambiente”.

La ampliación de la avenida Símbolos Patrios; sin embargo, ha ocasionado el rechazo de  ambientalistas, artistas plásticos, arquitectos y habitantes de las colonias aledañas a esta carretera, porque implica el derribo de mil 386 árboles.

Según el artista plástico Markoa Vásquez,  la obra no  contempla banquetas de 40 y 60 centímetros sobre el arroyo vehicular, por lo que no favorece a los peatones, tampoco  la colocación de arbolado urbano a lo largo de los seis kilómetros de la obra, ni pasos a desnivel, por lo que los peatones no podrán cruzar sin poner en riesgo sus vidas. Y no incluye  ciclovías ni la captación de agua pluvial.

Esta semana, un juez federal otorgó un amparo en el que ordena la suspensión provisional del derribo de árboles “porque de no otorgarse, se causaría un daño inminente e irreparable (…) toda vez que si bien interesa a la colectividad una circulación de vehículos fluida, también es del interés de la sociedad la preservación del arbolado”.

Según el  estudio de Geoterra Ambiental,  se derribarán 684 árboles que están sobre el camellón central, así como de los camellones izquierdo y derecho. Del total, 134 árboles están en el municipio de Oaxaca de Juárez, 112 en  Xoxocotlán, 323 en San Antonio de la Cal y 115 en San Agustín de las Juntas.

Asimismo,  otros 702 árboles serán trasplantados: 81 en Oaxaca de Juárez, 26 en Santa Cruz Xoxocotlán, 385 en San Antonio de la Cal y 210 en San Agustín de las Juntas.

Las especies afectadas incluyen bugambilias, fresnos, laureles, ficus, pajareras, flor de mayo, yuca, tulipán africano, jacarandas, framboyanes, ciprés, guamúchil, casuarina, palmera, eucalipto, macuil y maguey.

Sin embargo,  la empresa asegura que  la obra no se contrapone a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de la evaluación del impacto ambiental, pues esta vía  se construyó antes de su entrada en vigor, así como de su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, por lo que  no requirió de la correspondiente autorización.

 “Se prevé que no se incrementará el nivel de impacto ambiental en la zona donde se llevarán a cabo las actividades de modernización y mantenimiento de la carretera [porque] se realizarán sobre la superficie de rodamiento actual y dentro del derecho de vía para la misma  delimitado por la zona urbana”, señala. 

El documento sostiene que el proyecto  provee infraestructura vial necesaria para mejorar la interconectividad en el estado y  acceder a  diferentes mercados de la región, para así propiciar el  desarrollo económico y social.

“La vía de comunicación que se pretende modernizar es una de las más importantes para esta zona del estado, ya que es el acceso a la capital  para todas las localidades ubicadas en la parte sur de la misma, así como para las personas que se desplazan hacia esta capital desde  la Sierra Sur y la Costa”, agrega.

Avanza petición de nuevo proyecto

Pese a la afirmación de la empresa contratada por Sinfra sobre que no hace falta la MIA para la obra, los reclamos ciudadanos han llegado hasta el Congreso de Oaxaca, donde se impulsa un punto de acuerdo para exhortar a Javier Lazcano, titular de Sinfra, a que, en coordinación con Helena Iturribarría, quien encabeza la  Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso),  realicen un  estudio de impacto ambiental  con  la opinión de los municipios. 

 Y para que diseñen “un nuevo proyecto integral en el que se contemple, en su caso, la reubicación del arbolado que se encuentra en el sitio donde se desarrollará dicha obra,  a fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”, según se explica en un documento de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso, con fecha del 13 de agosto. 

 Como argumento, el dictamen cita a la misma ley que retoma la empresa, y señala que en su artículo 128 describe  que la evaluación de impacto ambiental establece las condiciones a las que se debe sujetar la obra, así como las actividades que pueden generar desequilibrio ecológico. La ley estatal plantea lo mismo.  

  Por ello, con la finalidad de “garantizar el derecho humano a un ambiente sano”, los integrantes de la comisión consideraron procedente aprobar el dictamen, para su posterior votación en el pleno.

 Oficialmente, Sinfra afirma que “no se trata de  una tala indiscriminada de árboles” y  que el inventario de la primera parte de la obra arrojó  que hay 20 árboles muertos en pie, 23 de  alto riesgo, 38  plagados, 85 presentan troncos con  cavidades o madera podrida y 204 están en estado regular, pero con tendencia al deterioro.

Además, la dependencia presentó recursos de revisión contra la suspensión otorgada por el juez federal en favor de los amparos contra la obra, solicitados por los vecinos.