Más Información
Fue con ese argumento que se solicitó la exención de la (MIA), “con el fin de tener un equilibrio entre la realización del proyecto y el ambiente”.
Según el artista plástico Markoa Vásquez, la obra no contempla banquetas de 40 y 60 centímetros sobre el arroyo vehicular, por lo que no favorece a los peatones, tampoco la colocación de arbolado urbano a lo largo de los seis kilómetros de la obra, ni pasos a desnivel, por lo que los peatones no podrán cruzar sin poner en riesgo sus vidas. Y no incluye ciclovías ni la captación de agua pluvial.
Esta semana, un juez federal otorgó un amparo en el que ordena la suspensión provisional del derribo de árboles “porque de no otorgarse, se causaría un daño inminente e irreparable (…) toda vez que si bien interesa a la colectividad una circulación de vehículos fluida, también es del interés de la sociedad la preservación del arbolado”.
Según el estudio de Geoterra Ambiental, se derribarán 684 árboles que están sobre el camellón central, así como de los camellones izquierdo y derecho. Del total, 134 árboles están en el municipio de Oaxaca de Juárez, 112 en Xoxocotlán, 323 en San Antonio de la Cal y 115 en San Agustín de las Juntas.
Asimismo, otros 702 árboles serán trasplantados: 81 en Oaxaca de Juárez, 26 en Santa Cruz Xoxocotlán, 385 en San Antonio de la Cal y 210 en San Agustín de las Juntas.
Las especies afectadas incluyen bugambilias, fresnos, laureles, ficus, pajareras, flor de mayo, yuca, tulipán africano, jacarandas, framboyanes, ciprés, guamúchil, casuarina, palmera, eucalipto, macuil y maguey.
“Se prevé que no se incrementará el nivel de impacto ambiental en la zona donde se llevarán a cabo las actividades de modernización y mantenimiento de la carretera [porque] se realizarán sobre la superficie de rodamiento actual y dentro del derecho de vía para la misma delimitado por la zona urbana”, señala.
“La vía de comunicación que se pretende modernizar es una de las más importantes para esta zona del estado, ya que es el acceso a la capital para todas las localidades ubicadas en la parte sur de la misma, así como para las personas que se desplazan hacia esta capital desde la Sierra Sur y la Costa”, agrega.
Pese a la afirmación de la empresa contratada por Sinfra sobre que no hace falta la MIA para la obra, los reclamos ciudadanos han llegado hasta el Congreso de Oaxaca, donde se impulsa un punto de acuerdo para exhortar a Javier Lazcano, titular de Sinfra, a que, en coordinación con Helena Iturribarría, quien encabeza la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), realicen un estudio de impacto ambiental con la opinión de los municipios.
Y para que diseñen “un nuevo proyecto integral en el que se contemple, en su caso, la reubicación del arbolado que se encuentra en el sitio donde se desarrollará dicha obra, a fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”, según se explica en un documento de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso, con fecha del 13 de agosto.
Como argumento, el dictamen cita a la misma ley que retoma la empresa, y señala que en su artículo 128 describe que la evaluación de impacto ambiental establece las condiciones a las que se debe sujetar la obra, así como las actividades que pueden generar desequilibrio ecológico. La ley estatal plantea lo mismo.
Por ello, con la finalidad de “garantizar el derecho humano a un ambiente sano”, los integrantes de la comisión consideraron procedente aprobar el dictamen, para su posterior votación en el pleno.
Además, la dependencia presentó recursos de revisión contra la suspensión otorgada por el juez federal en favor de los amparos contra la obra, solicitados por los vecinos.
