Suman 13 tiraderos a cielo abierto clausurados desde arranque de la “crisis de la basura” en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.— El pasado 8 de octubre de 2022, el basurero donde depositaba sus residuos la ciudad de Oaxaca, localizado en inmediaciones de la colonia González Guardado, en la Villa de Zaachila, cerró sus puertas de manera definitiva, dejando a la capital del estado y al menos 25 municipios más sin sitio para sus desechos.

A la fecha, al menos 13 basureros a cielo abierto, que constituyen un riesgo ambiental, han sido clausurados tras el cierre del tiradero, confirma el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), José Ernesto Ruiz López, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los municipios, añade, en donde se han llevado a cabo el mayor número de clausuras de tiraderos a cielo abierto son Oaxaca de Juárez, con tres casos, y Monjas Miahuatlán, con tres más.

En estos casos, la Propaeo inicia el procedimiento con una visita de inspección y levanta un acta administrativa en la que indica al municipio que está incurriendo en irregularidades a la Norma 033, sobre la protección del suelo y el destino final de los residuos sólidos urbanos.

En el documento se dictan medidas de urgente aplicación o de seguridad, como el saneamiento del sitio, el retiro de los residuos sólidos del predio, en el caso de tratarse de un tiradero de residuos sólidos que se emplea de manera temporal.

Si se trata de un basurero municipal a cielo abierto, se dicta como medida que el ayuntamiento elabore un plan para la rehabilitación y la regularización del sitio. Para ello, las autoridades municipales cuentan con un plazo máximo de 10 días para presentar alegatos, en caso de tenerlos, explica.

Una vez culminado el plazo, se impone una sanción y se reitera el cumplimiento de las medidas mencionadas; en caso de que éstas no hayan sido tomadas en cuenta en un primer momento.

En el caso de que dichas medidas se cumplan, se convierten en atenuantes de la multa; de esta manera, el monto de la sanción económica depende del daño al medio ambiente que ocasione el basurero y de la disposición de las autoridades para cumplir con las medidas señaladas.

El monto puede ir desde las 50 a las 50 mil unidades de medida de actualización, es decir, hasta 4 millones de pesos, como monto máximo.

El procurador precisa que en el caso de los camiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, retenidos cuando iban a vaciar residuos sólidos en predios particulares, la sanción es para el municipio propietario de los camiones, mientras que los municipios donde se ubica el predio son los encargados de sancionar a los propietarios.

Dichas sanciones se basan en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en el caso de no tener reglamento o en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado de Oaxaca.

Ruiz López reconoce que el tema de los residuos sólidos ha sido, desde antes del cierre definitivo del basurero de Zaachila, un foco rojo para Oaxaca: “Son muy pocas las autoridades que tienen conciencia y están decididas a apostarle a invertir en el manejo integral de los residuos sólidos y eso provoca que existan muchos tiraderos a cielo abierto en el estado”.

Afirma que la proliferación de tiraderos a cielo abierto, ante el cierre del basurero municipal, es un tema latente y creciente, pues los municipios quedaron sin un sitio en donde depositar sus residuos sólidos.

“Es problema existente, añejo y hemos decidido endurecer las inspecciones contra los municipios que no están haciendo buen manejo de los residuos sólidos, con la finalidad de que se atienda la situación. En algunos municipios hemos encontrado buena respuesta, mientras que otros han elegido continuar por la vía jurídica antes de dar atención al problema”, indica.

Añade que en algunos municipios han optado por quemar la basura en lugar de destinar, habilitar o rehabilitar sus basureros. Incinerar los residuos sólidos, sostiene, es una práctica prohibida por la ley en el estado y corresponde a los ayuntamientos imponer sanciones a las y los ciudadanos que incurran en esas acciones; sin embargo, si el Ayuntamiento omite las sanciones, la Propaeo puede hacer una inspección para sancionar al Ayuntamiento.