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México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio (del 27 de mayo al 8 de junio de 2016), con 51% de los interrogados, seguido por República Dominicana, con 46%, Perú (39%), Venezuela (38%) y Panamá (38%).
En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago, con 6%, Brasil (11%), Argentina (16%), Jamaica (21%) Chile (22%), Uruguay (22%), Paraguay (23%) y Costa Rica (24%).
Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33%), El Salvador (31%), Nicaragua (30%), Colombia (30%) Guatemala (28%), Ecuador (28%), Bolivia (28%).
En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela 87% de la población entrevistada cree que ha crecido, en Argentina sólo 41% lo percibe así.
De entre los encuestados, 53% sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que 35% considera que sus representantes avanzan en la dirección correcta.
No obstante, mientras en Venezuela y Perú 76% y 73%, respectivamente, de los consultados cree que la clase política no contribuye positivamente a erradicar este problema, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre 54% y 55% de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.
El presidente de TI, José Ugaz, criticó a través de un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén “siendo defraudados” por “sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”.
“El caso Lava Jato [originado en Brasil], que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables”, argumentó Ugaz.
Los hospitales públicos son donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20%), seguido por la escuela pública (18%), las oficinas de documentos de identidad (17%), la policía (16%), los servicios públicos de agua y electricidad (14%) y los tribunales (12%).
Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por 47% de las personas encuestadas, seguidas por el gobierno local (45%), el primer ministro (43%), jueces y magistrados (40%), empleados públicos (37%), empresarios (36%) y líderes religiosos (25%).
Destaca también que en Venezuela 73% de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, 56% de las personas consultadas que acudieron a la justicia manifestaron que habían pagado un soborno.
Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.
Transparencia Internacional considera que la “medida más importante” contra la pequeña corrupción es dar una información “completa sobre derechos y costos de los trámites”, explica Salas.
Es clave, además, mejorar la “protección al denunciante”, un ámbito en el que “en América Latina estamos en pañales”, señala, al tiempo que lamenta que en la región “está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo”.
“Cuando los servicios son ineficaces y no funcionan, se abren espacios para que aparezca la corrupción”, afirmó en rueda de prensa la representante de TI en Panamá, Olga de Obaldía.
La activista explicó que muchas personas pagan sobornos en los hospitales públicos para no esperar cola en urgencias, para conseguir una cama en una habitación, para adelantar una cita con un especialista o para adquirir medicinas.
Tras la sanidad, los servicios donde los panameños pagaron más sobornos son las escuelas (26%), la policía (20%), los documentos de identidad (18%), el agua y los servicios sanitarios y eléctricos (16%).
