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HRW precisó que la entrada sin documentos a Estados Unidos ha sido una falta menor, en tanto que el reingreso sin autorización ha sido considerado un delito desde principios del siglo XX. Los juicios criminales, sin embargo, se reservaban para migrantes con antecedentes penales graves o reincidentes.
No obstante, desde 2005, la Operación Streamline se introdujo en la comunidad Del Río, Texas, permitiendo un rápido enjuiciamiento masivo de migrantes. Ese modelo sirvió para la actual política de Trump.
Además, la política de “tolerancia cero” es la primera que alienta procesos criminales contra los padres que viajan con niños, y procesa criminalmente a solicitantes de asilo pese a que estas medidas representan “una violación de la ley internacional de refugiados”.
HRW precisó que pese a que Trump emitió una orden ejecutiva que pone fin a la separación familiar, ésta “no hace nada para abordar el impacto devastador de estos procesamientos penales”.
El organismo criticó también que la “tolerancia cero” utiliza enormes recursos de los fiscales federales, los tribunales y los alguaciles para enjuiciar a personas sin antecedentes penales o con antecedentes menores.
Datos recientes del gobierno indican que la política actual ya está resultando en un número significativamente menor de enjuiciamientos por otros delitos federales. Al mismo tiempo, hay poca evidencia de que juicios criminales a migrantes reduzcan la migración ilegal, resaltó HRW.
“La indignación pública por la separación de la familia debe extenderse a los serios costos humanos y financieros de la persecución penal masiva de inmigrantes. La administración de Trump debería reconocer el valor de reducir estos costos y terminar con la política de 'tolerancia cero'”, dijo Meng.
