La reversa no es sólo en política, sino también en retórica. Horas antes la administración Trump insistía en que no había una política de separación y que sólo el Congreso podía solucionar esa situación, algo totalmente falso, como demostró la firma de la orden ejecutiva.
“No me gusta la visión o los sentimientos de familias siendo separadas”, dijo Trump al firmar la orden. Versiones en Washington apuntan a que la oposición de su esposa y su hija, Melania e Ivanka Trump , influyó. Según él, la orden ejecutiva “soluciona el problema”.
Sin embargo, la política de “Tolerancia Cero” se mantiene: “Mantendremos una frontera poderosa y seguirá habiendo ‘Tolerancia Cero’. ‘Tolerancia Cero’ para los que entran ilegalmente”, sentenció y reiteró que su gobierno conseguirá el muro en la frontera.
La orden tampoco da respuesta a qué pasará con las familias separadas — hay más de 2 mil 340 niños en esa situación— o si hay algún programa o protocolo para su reagrupación.
Como en todos los acuerdos de Trump, cada concesión tiene su contraparte. Se gana la unión de familias, pero ahora el presidente exige que el Departamento de Justicia desafíe el acuerdo “Flores”, una sentencia judicial de 1997 que impide tener detenido a un menor por más de 20 días.
Hasta ahora, el gobierno separaba a las familias sin violar el acuerdo: los padres eran enviados a prisión y los niños pasaban a “centros de acogida”. Gene Hamilton, consejero del fiscal general Jeff Sessions, confirmó que solicitarán a las cortes federales que se permita al gobierno detener a familias durante más de 20 días.
El problema pasará de la “separación familiar” a la detención familiar, a lo que se oponen los defensores de los derechos humanos.
“Si el presidente piensa que poner familias en prisión indefinidamente es lo que la gente está pidiendo, está equivocado”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU).