Omite federación informar en consultas sobre megaproyectos

Las consultas realizadas por el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), omitió informar a las comunidades sobre los proyectos que integran el corredor multimodal para la región del Istmo de Tehuantapec, aseguró la organización Código DH.

En un informe respecto las consultas de seguimiento a las asambleas regionales constitutivas, realizadas en municipios de Oaxaca y Veracruz los días 18 y 19 de mayo de 2019, explicó que el protocolo señala que es para la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec pero en la convocatoria emitida se puede leer que “El Corredor Multimodal será la columna vertebral del Programa”.

Además, advirtió que las autoridades locales fueron invitadas a traer sus peticiones de proyectos y funcionarios del INPI recorrieron las comunidades ofertando los posibles proyectos.

Con ello, aseguró que se desvirtuó el objetivo de la consulta, donde prácticamente no hubo información sobre los proyectos que integran dicho corredor multimodal, entre ellos el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las ampliaciones de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, las carreteras y aeropuertos dentro del Istmo de Tehuantepec.

En días pasados se realizaron en el Istmo de Tehuantepec, asambleas regionales consultivas para la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. La primera convocatoria fue 30 y 31 de marzo; y una segunda convocatoria de seguimiento de la consulta los pasados 18 y 19 de mayo con menos difusión.

“Para los pueblos indígenas de la región, se vulneró lo establecido en los artículos 6 y 7 el Convenio 169 y en especial los principios de previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, señaló.

El protocolo de la consulta se dio a conocer el 14 de marzo, se publicó el 15 en su página web, con algunas notas en medios impresos, pero la difusión en las comunidades se realizó de forma impresa en español dos días antes, como sucedió en San Mateo del Mar, en general se entregó con poco tiempo de anticipación.

La convocatoria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el INPI estableció siete sedes: cinco en Oaxaca y dos en Veracruz; Santiago Laollaga, Jaltepec de Candoyoc, Santa María Chimalapas, San Mateo del Mar y San Pedro Huamelula en Oaxaca; así como Oteapan y Uxpanapa Veracruz. Ante el rechazo manifestado en San Mateo la sede se cambió a Salina Cruz un par de días antes.

Código DH afirmó que a las prisas se sumó la falta de claridad sobre la materia de la consulta.

Asimismo, y de acuerdo a la convocatoria, la consulta se agotó en un día de trabajo, entre acusaciones de acarreo y/o ausencias de comunidades afectadas, escasa asistencia en Salina Cruz, falta de información, de participación, de traducción a lenguas originarias y hasta intimidación a personas defensoras.

Finalmente, puntualizó la organización, las reuniones de seguimiento realizadas a mediados de mayo siguieron en la misma dinámica de la entrega de proyectos y recursos por parte del INPI, aunado a la escasa información sobre la realización de las mismas y donde la convocatoria fue selectiva.

“Por ejemplo, algunas cooperativas pesqueras fueron citadas a venir para la entrega de sus documentos. Tampoco se leyó el acta de la reunión anterior y hubo incluso autoridades que no pudieron participar al no estar en la lista oficial de las convocadas, de acuerdo a testimonios recabados por Código DH”.

Para esta asociación quedó claro que las comunidades y organizaciones en resistencia reivindican, antes que nada, su derecho al territorio y ven el derecho a la consulta como secundario. Mientras que el discurso estatal señala que busca una relación diferente con los pueblos y comunidades, lo que se observó es cómo se reproducen los vicios del pasado en algo tan simple como que no se entregó el acta en cada una de las sedes, dejando a la consulta como un mero trámite.

“Al final de este proceso, vemos una política indigenista en el viejo estilo, con un discurso de respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que cubre formalismos pero con una práctica que no deja espacios reales para la toma de decisiones sobre las prioridades del desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos y que abona a la criminalización de las personas defensoras”, finalizó.