San Bernardino, el pueblo que destierra a familias con violencia por indagar un asesinato

Oaxaca de Juárez.- La primera en recibir la noticia de la muerte de Balentín Hernández Contreras fue su hermana Enedina. Era el 22 de julio de 2017. Fue ella también quien avisó al resto de sus familiares, que al enterarse se trasladaron de inmediato a San Bernardino, una comunidad perteneciente a Teotitlán de Flores Magón, para asistir a su velorio y entierro.

La sorpresa e indignación fue que nadie les dejó ver el cuerpo. Ni los trabajadores de su hermano ni las autoridades les permitieron entrar a la vivienda donde se velaba y tampoco durante el sepelio; sólo hasta que se concretó la inhumación, pudieron acercarse a la tumba.

Esta actitud levantó las sospechas de Enedina y la familia, porque únicamente se les mostró un acta de defunción en la que se establecía que Balentín, su hermano, había muerto por causas naturales.

Decidieron entonces denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), con lo que se logró la exhumación del cuerpo, que reveló que Balentín Hernández fue golpeado y asesinado por estrangulamiento.

Esta noticia ha hecho pensar a la familia también hubo encubrimiento de autoridades periciales, como el médico legista, o el Ministerio Público, pues se  emitió un acta de defunción en la que se cambió, alteró o ocultó, la verdadera causa de muerte.

Tomada de Facebook

Pese a la revelación, fue dos años después, hasta 2019, cuando fueron detenidos S. C. y E. F. G. como responsables del homicidio de Balentín, pero en lugar de que la aprehensión de los asesinos trajera paz y tranquilidad a la familia, lo único que llegó fue el desasosiego.

A partir de entonces, lo que siguió fue hostigamiento, amenazas, tortura y abuso de autoridad contra los familiares que denunciaron el homicidio de Balentín, lo que desembocó en el desplazamiento forzoso de 26 jefes de familia y, en total, de 48 personas expulsadas de San Bernardino.

Ese mismo 2019, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), otras mil 71 personas fueron desplazadas forzosamente de comunidades en Oaxaca, específicamente de Silacayoápam, San Pablo Cuatro Venados y Santa Cruz Xoxocotlán.

Uno de los sobrinos de Balentín narra a EL UNIVERSAL que luego del asesinato de su tío, el agente municipal de San Bernadino, Pablo Montalvo Carrera (familiar de S. C., uno de los presuntos homicidas), citó a su abuela Enedina Hernández, a su madre Yolanda Muñoz y a su tío Eufemio Muñoz, a una asamblea con habitantes de la comunidad, convocada ante los miembros del cabildo y el representante de bienes ejidales, Jesús García.

En esa reunión, la familia fue obligada a firmar un acta en la que les daban un plazo de 15 días para correr a los trabajadores de Balentín Hernández, que se cerrarán sus casas y que ninguno de los familiares podía trabajar las tierras, porque las iba a “recoger” el pueblo.

“Fue en represalia por haber denunciado a sus familiares homicidas S. C. y E. F. G. Mi abuelita, mi madre, mis tíos, mis primos, no acatamos esa orden en extremo arbitraria, porque no es legal y tampoco tenían el derecho para desterrarnos de nuestra comunidad, para que abandonaramos los bienes de mi finado tío”, asegura.

Ante la negativa de acatar las órdenes del agente municipal Pablo Montalvo, la señora Enedina nombró a Jorge Simón Montalvo, a Yolanda Muñoz y a Eufemio Muñoz, como sus apoderados legales para que se hicieran cargo de cuidar los bienes de Balentín Hernández.

Tomada de Facebook

Pero las acciones contra la familia no terminaron ahí. Las autoridades municipales y agrarias, así como gente de la comunidad, rompieron las mangueras de agua potable en todas las casas y encarcelaron ilegalmente a uno de sus familiares, como consta en la carpeta de investigación número 141/FTFM/2017, radicada en Teotitlán de Flores Magón.

Aunque hubo un cambio en las autoridades de la agencia, cuando en 2018 quedó como agente Víctor Martínez Vivero, y Eduardo Tejeda Montalvo como representante de Bienes Ejidales, las amenazas continuaron, así como daños y el robo en las propiedades.

De hecho, las acciones violentas contra esta familia se prolongaron y se agudizaron en 2019 cuando fueron detenidos S. C. y E. F. G. como los principales imputados en el homicidio de Balentín Hernández.

El pasado mes marzo de este año, finalmente, la familia de Balentín Hernández fue expulsada violentamente  de San Bernardino, luego de que intentaron lincharlos y quemarlos, aún en presencia de elementos de la Guardia Nacional, y de las policías Estatal y municipal.

“Somos campesinos, indígenas náhuatl. Queremos ser respetados en nuestra comunidad, no vivir con miedo ni con la angustia de que un día maten a uno de nosotros, por motivos que no ameritan llegar hasta donde estas autoridades y líderes del pueblo lo están haciendo. No hemos contado con ninguna ayuda, ya que para las autoridades resultan poco importante nuestros problemas”, lamentan.

“No solo es mi familia la que está en estos momentos viviendo estos hechos violentos en contra de nuestra persona y nuestro patrimonio, son también otras familias más las que han sido corridas y expulsadas de nuestro pueblo, San Bernardino, y otras más que en este momento están siendo víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos por las propias autoridades”, denuncia el sobrino de Balentín.

Lo que el joven no sabe es que es historia de abuso de parte de la propia autoridad es más común de lo que se espera, y sólo en lo que va de 2020 suman 683 quejas contra ayuntamientos interpuestas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.