La sorpresa e indignación fue que nadie les dejó ver el cuerpo. Ni los trabajadores de su hermano ni las autoridades les permitieron entrar a la vivienda donde se velaba y tampoco durante el sepelio; sólo hasta que se concretó la inhumación, pudieron acercarse a la tumba.
Esta actitud levantó las sospechas de Enedina y la familia, porque únicamente se les mostró un acta de defunción en la que se establecía que Balentín, su hermano, había muerto por causas naturales.
Esta noticia ha hecho pensar a la familia también hubo encubrimiento de autoridades periciales, como el médico legista, o el Ministerio Público, pues se emitió un acta de defunción en la que se cambió, alteró o ocultó, la verdadera causa de muerte.
Pese a la revelación, fue dos años después, hasta 2019, cuando fueron detenidos S. C. y E. F. G. como responsables del homicidio de Balentín, pero en lugar de que la aprehensión de los asesinos trajera paz y tranquilidad a la familia, lo único que llegó fue el desasosiego.
Ese mismo 2019, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), otras mil 71 personas fueron desplazadas forzosamente de comunidades en Oaxaca, específicamente de Silacayoápam, San Pablo Cuatro Venados y Santa Cruz Xoxocotlán.
Uno de los sobrinos de Balentín narra a EL UNIVERSAL que luego del asesinato de su tío, el agente municipal de San Bernadino, Pablo Montalvo Carrera (familiar de S. C., uno de los presuntos homicidas), citó a su abuela Enedina Hernández, a su madre Yolanda Muñoz y a su tío Eufemio Muñoz, a una asamblea con habitantes de la comunidad, convocada ante los miembros del cabildo y el representante de bienes ejidales, Jesús García.
“Fue en represalia por haber denunciado a sus familiares homicidas S. C. y E. F. G. Mi abuelita, mi madre, mis tíos, mis primos, no acatamos esa orden en extremo arbitraria, porque no es legal y tampoco tenían el derecho para desterrarnos de nuestra comunidad, para que abandonaramos los bienes de mi finado tío”, asegura.
Ante la negativa de acatar las órdenes del agente municipal Pablo Montalvo, la señora Enedina nombró a Jorge Simón Montalvo, a Yolanda Muñoz y a Eufemio Muñoz, como sus apoderados legales para que se hicieran cargo de cuidar los bienes de Balentín Hernández.
Aunque hubo un cambio en las autoridades de la agencia, cuando en 2018 quedó como agente Víctor Martínez Vivero, y Eduardo Tejeda Montalvo como representante de Bienes Ejidales, las amenazas continuaron, así como daños y el robo en las propiedades.
De hecho, las acciones violentas contra esta familia se prolongaron y se agudizaron en 2019 cuando fueron detenidos S. C. y E. F. G. como los principales imputados en el homicidio de Balentín Hernández.
“Somos campesinos, indígenas náhuatl. Queremos ser respetados en nuestra comunidad, no vivir con miedo ni con la angustia de que un día maten a uno de nosotros, por motivos que no ameritan llegar hasta donde estas autoridades y líderes del pueblo lo están haciendo. No hemos contado con ninguna ayuda, ya que para las autoridades resultan poco importante nuestros problemas”, lamentan.
“No solo es mi familia la que está en estos momentos viviendo estos hechos violentos en contra de nuestra persona y nuestro patrimonio, son también otras familias más las que han sido corridas y expulsadas de nuestro pueblo, San Bernardino, y otras más que en este momento están siendo víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos por las propias autoridades”, denuncia el sobrino de Balentín.
Lo que el joven no sabe es que es historia de abuso de parte de la propia autoridad es más común de lo que se espera, y sólo en lo que va de 2020 suman 683 quejas contra ayuntamientos interpuestas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.