La síndica que molestó al edil opaco

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La carrera política de Marina González duró exactamente 263 días. Inició el primero de enero y culminó el 20 de septiembre, luego que el cabildo de Ayotzintepec votó su destitución  y cerró su oficina para evitar su ingreso. Así, un grupo conformado por varones decidió la expulsión de Marina, una de las tres mujeres dentro del Ayuntamiento.

Con 27 años y sin cargos previos, era la primera mujer que se desempeñaba como síndica en ese municipio de la región de la cuenca del Papaloapan. Sus funciones estaban previstas  para el periodo 2017-2018, pues ganó la elección en una  planilla  respaldada por los colores  del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La destitución de Marina de su cargo comenzó  desde hace seis meses, cuando la joven chinanteca  descubrió que en la presidencia municipal había documentos que respaldaban gastos que eran  ajenos al Ayuntamiento.

Marina cuenta que fue en marzo cuando encontró    una factura por un monto aproximado de 35 mil pesos; dicha cantidad correspondía a  un trabajo particular para “cumplir un favor”, o al menos esa fue la confesión del edil Tomás Salas Mariano,  quien a cambio de que ella guardara  silencio y dejara de indagar en el manejo de recursos públicos, le ofreció 100 mil pesos y  el pago de sus dietas sin necesidad de presentarse a trabajar; pero Marina se negó y  el cabildo votó por su destitución.

Ante la situación,  Marina  recurrió   al Tribunal Estatal Electoral para defender sus derechos político-electorales pues, explica,  está siendo    acosada para que abandone sus funciones. 

“Cuando ganamos la elección empecé a estudiar la Ley Orgánica Municipal para conocer a fondo mis funciones, ahora intentan sacarme, pero es el Congreso del Estado quien lo definirá, mientras, yo sigo un proceso para defender mi puesto, el que me otorgó el pueblo. Yo represento a la mujer en mi municipio”, afirma.

Más casos. La Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) dice que el caso de Marina no es único y que  registra 16 más en los que mujeres en cargos públicos  manifestaron dificultades para ejercer su trabajo, luego del   procesos electoral del año pasado.

 De esos 16 casos  sólo reconoce   ocho  como violencia política y de género,  la cual es entendida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) como las acciones “que tengan por objeto menoscabar el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres en un cargo público”. Los otros casos se consideraron “procesos de fortalecimiento para las funciones de las concejales”, es decir, “diferencias para trabajar en equipo”.

La violencia contra  Marina no inició con el asunto de la factura. Licenciada en derecho y madre soltera, Marina  dice   que desde que se  enlistó para ser síndica, ganó su lugar para participar en la misma  planilla que encabezó el ahora   alcalde Salas y  fue cuando    comenzaron los embates.

  “Antes del inicio de la campaña, los candidatos a concejales me pidieron 150 mil pesos y me dijeron que si no los tenía, que renunciara. No les di el dinero y advertí con denunciar el caso, y se calmaron las cosas”, revela.   Ya en funciones comenzaron las dificultades, pero fue en  marzo cuando el hostigamiento  se desató y vino acompañado  por  acoso sexual de un concejal que prometía interceder  ante el edil para arreglar el asunto.

De los ocho casos de violencia política reconocidos por la SMO, cinco ya se concluyeron a favor de las mujeres, otro es el de San Martín Peras, donde una mujer que pidió el derecho a ser votadas y exigió  participar  en las elecciones de  Usos y Costumbres fue golpeada por la autoridad, por lo que se busca la reposición de la elección.

En los otros dos,  la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares para proteger a  las denunciantes.

 Marina es una de ellas y sigue en espera de la resolución.