Envían comuneros carta a empresa francesa para prevenir violaciones a los derechos humanos

Defensoras y defensores comunitarios, representantes comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, la organización  Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), y la organización con sede en Berlín, Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), enviaron una carta a la empresa francesa Électricité de France (EDF), donde exhortan a cumplir con su deber bajo la ley francesa de identificar riesgos de violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en sus operaciones globales.

Esto se da en el marco de la consulta indígena que se emprende en Unión Hidalgo por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para  el proyecto eólico de EDF denominado “Gunaa Sicarú” de EDF y que representa una inversión de 353 millones de dólares  en una central eólica que constará de 115 aerogeneradores.

ProDESC explica en la carta que desde el 2011, las y los defensores comunitarios de Unión Hidalgo han defendido activamente sus derechos a la tierra, territorio y bienes naturales ante una serie de violaciones y amenazas relacionadas con proyectos extractivos. Muchos de éstos han sido instalados por empresas transnacionales cuya matriz es europea.

La carta enfatiza la ausencia de identificación de riesgos en derechos humanos, así como de medidas adecuadas en el plan de vigilancia de EDF para prevenir de forma efectiva la violación de derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos identificados se encuentran los de consentimiento previo, libre e informado, defender derechos humanos, así como de acceso a la información y participación pública en procesos de toma de decisión; todos ellos relacionados con

Las y los peticionarios de la carta lamentan profundamente que el proyecto Gunaa Sicarú se lleve acabo en un contexto adverso que obstaculiza el acceso de la comunidad indígena a su derecho a la libre determinación.

“La subsidiaria mexicana de EDF, Eólica de Oaxaca, ha sometido a autorización y obtenido varias medidas administrativas. La empresa firmó contratos antes de que la comunidad fuera informada de la existencia del proyecto y pudiera otorgar su consentimiento, tal y como señalan los estándares internacionales de derechos humanos”.

Además, la carta resalta que la comunidad de Unión Hidalgo ha sido excluida del proceso de toma de decisiones relacionado con la planeación del proyecto, así como de la elaboración de las evaluaciones de impacto social y ambiental.

Los integrantes de los organismos de manifestaron preocupados por las divisiones que han surgido en la comunidad desde la llegada del proyecto Gunaa Sicarú. A partir del inicio del proceso de consulta indígena, que es obligación del Estado mexicano, los incidentes de seguridad y agresiones se han incrementado. De forma similar, las defensoras y defensores comunitarios de Unión Hidalgo han sido estigmatizados, hostigados, amenazados y criminalizados públicamente por promotores del proyecto Gunaa Sicarú.

Los riesgos que pesan sobre personas defensoras de derechos humanos reconocidas internacionalmente no han sido efectivamente abordados en el Plan de Vigilancia de EDF. Por esta razón, pidieron formalmente a EDF que cumpla con su propio deber de vigilancia, tal como se establece en la Ley Francesa No. 2017-399, emitida el 27 de marzo de 2017, y para que especifique en su Plan las medidas apropiadas a ser implementadas para prevenir y mitigar los impactos de sus actividades en materia de derechos humanos y medio ambiente, particularmente en México.

Ésta es la primera vez que una comunidad indígena mexicana busca el ejercicio de sus derechos en el marco de la Ley del Deber de Vigilancia de Francia. Es, también, la primera acción en el marco de esta Ley que involucra a una compañía cuyo accionista mayoritario es el Estado francés.