A mano alzada, miles de istmeños ratificaron su respaldo al Plan  de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que el 30 y 31 de marzo había  sido puesto a consideración  de  comunidades indígenas del sur de Oaxaca y Veracruz, en las llamadas Asambleas Regionales Consultivas que se realizaron en siete sedes de ambas entidades.

El momento quedó registrado tras incesantes clics de  cámaras fotográficas. Segundos antes, en esa calurosa mañana del domingo 28 de abril, el presidente  Andrés Manuel López Obrador había lanzado la pregunta: “A ver, que levanten la mano los que estén a favor del proyecto del Istmo”. Todos  los  asistentes, burócratas, colonos y funcionarios reunidos en esta ciudad zapoteca alzaron la mano. 

Esa votación fue “una ocurrencia” y no tiene ningún valor en materia de derechos indígenas,  asegura  el consultor jurídico de  comunidades y naciones originarias, Raúl Rangel. “Si las Asambleas Regionales Consultivas que se realizaron a fines de marzo  no cubrieron los estándares internacionales, menos se puede concluir que una votación a mano alzada tenga validez alguna”, explica.

Antes de que se realizaran las asambleas regionales, integrantes de los pueblos ikoots, zoques, mixes y zapotecos solicitaron el amparo de la justicia federal en los juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Salina Cruz, para que  se suspendieran las consultas convocadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pues  no cumplían  con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Betina Cruz, de la Asamblea por la Defensa de la Tierra y el Territorio; Carlos Beas, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), y el consultor jurídico Raúl Rangel denunciaron que el juez séptimo no admitió las solicitudes de amparo, porque “no tenía competencia en el tema” y   remitió la petición a un juzgado de Veracruz que, a su vez, las  regresó. 
“No sabemos si fue por razones políticas o por desconocimiento sobre  los derechos indígenas, pero  dejaron correr los tiempos y las Asambleas Regionales Consultivas se realizaron”, señalan. 

Raúl Rangel informó que hay otras solicitudes de amparo, ahora contra  la consulta en sí,  porque no  observaron   los estándares internacionales. No fueron previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas  a los usos de  los pueblos indígenas que toman acuerdos mediante  asambleas comunitarias,  figura distinta a la empleada por el  gobierno federal.

   Las trabas. Los amparos contra la consulta no son el único obstáculo que ha encontrado el Programa de Desarrollo del Istmo.   La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno federal que emita medidas cautelares a favor de  comunidades indígenas que serán impactadas por el proyecto que contempla la rehabilitación del Tren Transístmico, la modernización de los puertos  de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y la construcción de un gasoducto.

 Además, integrantes de pueblos  indígenas presentaron una queja  ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Taul-Corpuz, quien la  admitió y respondió que estará pendiente de la actuación del gobierno mexicano, informó el consultor jurídico Raúl Rangel.
Habrá consultas específicas

 El director del INPI, Adelfo Regino Montes, defendió el valor de las Asambleas Regionales Consultivas, recalcó que se apegan a los estándares internacionales e insistió en que si alguna comunidad considera que puede tener afectaciones por el proyecto, el gobierno realizará consultas específicas con todos los protocolos.

Regino Montes explica  a EL UNIVERSAL que como no existe  una legislación en materia de consulta indígena, “por eso se elaboró un protocolo que respaldara la realización de las siete Asambleas Regionales Consultivas, en las que participaron 3 mil 397 autoridades de todas las comunidades del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con las actas que se elaboraron en cada una de las siete sedes”. 

Por su parte, el diputado federal oaxaqueño Manuel García Corpus (Morena) recordó que desde el 18 de octubre del año pasado presentó en la 64 Legislatura federal una iniciativa para crear la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual no se dictaminó en este segundo periodo ornidario, por lo que podría votarse hasta  septiembre próximo.

El integrante del Comité Ciudadano de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Emilio de Gyves, dice que aunque  el gobierno federal no los invitó a participar en la realización de las asambleas, estarán pendientes de que el proceso consultivo cumpla los protocolos de la OIT.
 

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