Clausuran en Etla crematorio por miedo a Covid-19; responsables acusan que se viola un amparo

Los pobladores irrumpieron por la fuerza al predio donde se encuentra el crematorio exigiendo que no se realizara ninguna cremación

Foto: Especial
Municipios 06/05/2020 18:43 Juan Carlos Zavala Oaxaca Actualizada 18:43

Oaxaca de Juárez.- Autoridades municipales de San Pablo Etla, en los Valles Centrales, clausuraron un crematorio de la empresa Memorial que brinda servicios funerarios y de cremación en la localidad de San Sebastián, de este municipio; sin embargo la medida viola el amparo otorgado por un juez federal y es ilegal, afirmó el representante legal de la empresa, José Aldivar Ríos.

También desmintió que se trate de un crematorio clandestino como se manejó o se afirmó en diversos medios de comunicación.

Sostuvo que tras los ataques mediáticos se “esconden intereses oscuros” de Alfonso Pérez Méndez, actual presidente municipal de San Pablo Etla – población a la que pertenece la agencia de San Sebastián –. Además afirmó que se contrataron a personas ajenas a la comunidad como grupo de choque para atentar contra este negocio.

El pasado lunes 27 de abril, un grupo de vecinos de la colonia La Borcelana bloquearon los accesos a la población y colocaron filtros para impedir que su empresa continúe brindando sus servicios funerarios y de cremación. Los vecinos estaban encabezados por Vicente Vivas Gómez.

Al día siguiente, el martes 28 de abril ocurrió que los pobladores impidieron el paso a la carroza funeraria con el argumento de que trasladaba a personas muertas a causa de Covid-19 y que eso esparciría el virus. Además, amenazaron al conductor del vehículo con destruir la carroza e incendiarla.

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Foto: Especial

Posteriormente llegaron autoridades municipales y de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), quienes afirmaron que no existía ningún riesgo; sin embargo, los pobladores irrumpieron por la fuerza al predio donde se encuentra el crematorio exigiendo que no se realizara ninguna cremación.

Finalmente, el crematorio fue suspendido la tarde de ayer por autoridades municipales y se le impusieron sellos de clausurado, firmados por el edil y el sindico municipal, pero sin esoecificar la razón de dicha medida.   

No es la primera vez que esta empresa enfrenta problemas con los vecinos y las autoridades municipales. En 2017, también con violencia pretendieron desalojar al crematorio y se difundieron noticias en las que se infundía miedo respecto a la operación del crematorio. Esto llevo a los propietarios de la empresa a solicitar amparos ante la justicia federal para que se les permitiera trabajar; amparo que les fue concedido.

José Aldivar precisó que con esta clausura sin fundamentos, se viola los amparos otorgados por un juez federal y que implica un delito perpetrado por las autoridades municipales de San Pablo Etla y por los vecinos.

Insistió en que no se trata de un crematorio clandestino y puso a disposición los permisos otorgados por las diferentes instituciones públicas en materia de salud, protección al medio ambiente, de comercio e incluso, la autorización de la asamblea comunitaria para la operación de su empresa que desde el año 2015 inició con los trámites para poder operar.

“Los SSO certificó que no se puede clausurar un lugar que está con todos los lineamientos y orden, tenemos los documentos.

“Por lo que permisos de actividades se tienen, así como la supervisión de la Secretaría de Salud de Oaxaca, de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en tanto se resuelve la legalidad de los actos realizados por el Municipio de San Pablo Etla en el año 2017”, agregó.

También se cuenta, dijo, con el aviso otorgado a Registro Civil y al municipio de San Pablo Etla, cual tiene el expediente completo en su poder. 

“Todo ello facilitó que desde finales del 2018 la empresa laborara sin problemas hasta la fecha del 25 de abril en curso en lo que todo estalló”, apuntó

El representante legal de la empresa reiteró que constantemente son supervisados por las autoridades correspondientes y han aprobado todas las inspecciones. Por ello demandó que se les permita trabajar y adelantó que presentarán una demanda penal contra las personas que usaron la violencia para orillar a una clausura ilegal, las cuales afirmó que están plenamente identificadas.

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