Excluye 4T a constructoras del Istmo en obras del Interoceánico: no consideró a ninguna de la región

Salina Cruz.— A pesar de que el gobierno federal impulsa en el sur de Oaxaca una serie de proyectos que forman parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, con el que se busca detonar el crecimiento de la región,  las empresas de la industria de la construcción del Istmo de Tehuantepec  agonizan, descapitalizadas y excluidas de la obra pública. 

“Sabemos que el gobierno no tiene obligaciones para ayudarnos, sabemos que debemos tener la solvencia financiera para encarar en forma exitosa los desafíos en materia de obra pública, pero creo que en el proceso del desarrollo industrial, las autoridades deben considerarnos porque generamos empleos”, dice el pequeño constructor juchiteco Tomás López Pineda.

De acuerdo con los empresarios del Istmo, desde que comenzó el proceso de industrialización de la zona, primero con la construcción de la presa “Benito Juárez”, en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, y luego con la construcción de la refinería “Antonio Dovalí”, en el puerto de Salina Cruz, las empresas constructoras locales han sido marginadas.

El pasado sábado 26 de septiembre, el representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Istmo, Víctor Alonso González Jiménez, pidió, en nombre de unos 20 agremiados,  que sean considerados por el gobierno federal en las obras que se realizan dentro del Programa para el Desarrollo del Istmo.

Esta región  concentra, entre personas físicas y morales, a mil 500 empresas que se dedican al ramo de la construcción. De ellas, al menos 20 cuentan con la capacidad para financiar algunas obras, como pavimentación de carreteras o puentes, pero la mayoría carece de solvencia como para resistir seis meses sin paga.

Foto: Especial

Otro problema que enfrentan las empresas constructoras, señala González Jiménez, es que los  gobiernos estatales históricamente  no han invertido gran cosa en el Istmo, y  cuando lo han hecho, dependencias como la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) y Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) recurren   a prácticas como “licitaciones a modo”, en las que nunca se elige a las empresas locales y siempre benefician a las foráneas, lo que terminan lastimando su economía.

Según el representante de la CMIC Istmo, en  realidad no puede sostenerse que  80% de las obras públicas  se otorguen  a constructoras de la entidad y 20% las ejecuten compañías foráneas, pues denuncian que al  revisar cuáles son esas empresas de Oaxaca que desarrollan obras  “vamos a descubrir que no existen, que sus oficinas están en terrenos baldíos”.

Para el constructor y alcalde de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral Ríos, la situación en que se encuentran las empresas constructoras del Istmo es deplorable. La mayoría de ellas, dice, subsiste por el esquema de subcontratación, mismo que  las castiga, pues  luego no les pagan o tardan para hacerlo. Este fenómeno, agrega, las descapitaliza y las deja endeudadas con todos los  proveedores.

“Creo que así como los legisladores modifican las leyes que les permiten la reelección, deberían modificar la ley de obras públicas, con la finalidad de que en las licitaciones nacionales se reserve  30% para las empresas locales, capitalizarlas y hacerlas competitivas en un futuro no lejano”. 

Pese a esta situación, fue gracias a este esquema que los constructores  del Istmo, sobre todo los del municipio de Juchitán,  obtuvieron subcontratos para la obra civil en la construcción de la mayoría de los parques eólicos, para  el acarreo de material pétreo, construcción de caminos y tendido de líneas eléctricas. 

En contraste, por ahora fueron excluidas de las obras del plan Transístmico y  tampoco se les consideró para la asignación de contratos por unos 600 millones de pesos que derramará la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en los próximos meses, en media docena de municipios istmeños, donde se ejecutarán obras del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

Sólo  entre Salina Cruz y Juchitán, la Sedatu invertirá casi 400 millones de pesos. En el puerto se planea la construcción de un malecón, mientras que en el municipio juchiteco se remodelarán los dos parques municipales, según se ha informado en anuncios oficiales.  

“Esperamos que las empresas que ganaron las licitaciones nos compartan parte de los beneficios y no traigan constructoras foráneas”, pide López Pineda.

Ante ese panorama, el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, llamó a las autoridades de Sedatu a que vigilen la actuación de las empresas para que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ejecuten las obras de acuerdo con los lineamientos y que  las entreguen en los tiempos establecidos.

Crece la inconformidad 

Esta sábado, la inconformidad estallló en una protesta. Productores de sal, pescadores ribereños, trabajadores de la construcción y transportistas dueños de camiones de volteo, se manifestaron en el poblado Salinas del Marqués para denunciar que no han sido tomados en cuenta en las obras de la escollera oeste que construye el gobierno federal en el puerto de Salina Cruz.

Mientras los pescadores de siete cooperativas ribereñas de Salinas del Marqués quemaron sus redes y una pequeña embarcación, como una forma de protesta porque con la construcción de la escolleras se reducen sus áreas de captura, los transportistas dueños de camiones tipo volteo, denunciaron que han sido excluidos de los contratos para el acarreo de las rocas que se necesitarán para la obra, pese que se necesitarán 11 millones de toneladas de piedra.

“Nosotros somos de aquí, de Salinas del Marqués y no se vale que nos marginen. No se vale que las constructoras responsables de esa obra traigan transportistas de otros lados e incluso de Chiapas y Veracruz. Nosotros necesitamos esos acarreos”, dijeron mientras colocaban sus camiones en una línea imaginaria en lo que sería el acceso a la escollera.

De igual forma, los integrantes de un sindicato de obreros de la construcción, señalaron que a pesar de que cuentan con su toma de nota, expedida por las autoridades del Trabajo del gobierno federal, no han sido considerados en la construcción de la escollera.

De acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz (Apisal), la escollera oeste de mil 600 metros lineales costará casi 5 mil millones de pesos y su construcción tardará tres años. Busca facilitar el arribo de los grandes buques petroleros, con capacidad de carga de unos dos millones de litros de petróleo crudo para trasladar a puertos del Pacífico mexicano.

La obra se licitó a fines del año pasado. Un mes después, en enero, la licitación de declaró desierta y en febrero el gobierno federal se la adjudicó de manera directa a las empresas Gami Ingeniería y Construcciones e Infraestructura Marítima y Portuaria. 

“Nosotros queremos que esas empresas nos tomen en cuenta”, exigieron los pobladores de Salinas del Marqués.