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En la resolución del recurso de revisión R.R.A.I. 215/2018, el IAIP ordenó al Ayuntamiento de Zaachila entregar y hacer pública la siguiente información, respecto a la compra de los terrenos donde se construye el nuevo panteón municipal:
Los nombres de las personas que vendieron los predios a esa autoridad municipal; las actas de cabildo relacionadas con la presentación del proyecto o iniciativa para la compra y adquisición de los tres inmuebles y cuyo contenido correspondan con la discusión, deliberación y aprobación por los integrantes del ayuntamiento instalado en sesión de cabildo.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, la información respecto a la compra de los terrenos fue negada por las autoridades municipales de la Villa de Zaachila, debido a que eran propiedades de familiares de la presidenta municipal Marisela Martínez Coronel, y fueron comprados a sobreprecio.
Señalaron que en esos terrenos se construirá el nuevo panteón municipal denominado “Liubaa Galxilall” (Lugar de los sepulcros y el descanso eterno), y dos de ellos fueron adquiridos en más de cinco millones de pesos, a María del Socorro Martínez Coronel y a Fernando Villanueva Vega, hermana y cuñado – respectivamente – de la presidenta municipal.
El otro terreno habría sido comprado a Ernestina Martínez Vargas, tía de Maricela Martínez; de este último se desconoce el monto pagado por las autoridades municipales.
Los tres predios ingresaron al patrimonio municipal por medio de contratos de compra – venta. El primero fue adquirido el 24 de enero de 2012 y los dos restantes el 30 de septiembre de 2017.
Ante ello fue que se realizó la solicitud de información sobre el precio y extensión de los predios adquiridos, así como de los nombres de las personas a quienes se los compraron.
Antes de ser requerido por el IAIP, el ayuntamiento se negó a informar, al asegurar que “no tenía autorización” de los vendedores de los predios para dar a conocer sus nombres; también se negó a entregar las actas de cabildo relacionadas con la presentación del proyecto o la iniciativa para la compra y adquisición de los tres inmuebles.
El ayuntamiento se amparó en la protección de datos personales para no proporcionar la información. Respecto a las actas de cabildo y demás documentación relacionada con la compra-venta, respondió que se declaró como información reservada “porque su entrega podría traer mayores prejuicios por tratarse del interés público, que si se entregara al solicitante”.
