Comunidades originarias presentan primeros amparos contra el Plan Transístmico

Tres integrantes de la comunidad mixe y una más de la etnia zapoteca solicitaron amparo y protección de la justicia federal, en contra del decreto presidencial que creó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.

Otras cinco comunidades indígenas zapotecas acordaron que en esta semana se solicitará el amparo en contra del también llamado Plan Transístmico, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, confirmó la coordinadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra, Betina Cruz Velázquez.

Los indígenas mixes, Juana Inés Ramírez Villegas y Dagoberto Toribio Severo, originarios de San Juan Guichicovi; Ruvicelia Toribio Zacarías, de Santa María Petapa, y Raúl Martínez de Jesús, agente municipal de Palomares, perteneciente a Matías Romero, argumentaron en su petición de amparo que el decreto que creó la figura del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec “viola preceptos constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos”.

La solicitud de amparo fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en el puerto de Salina Cruz. Y en su favor, los cuatro indígenas quejosos señalaron que en la creación del organismo público llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no se consultó con las comunidades indígenas afectadas, tal y como se establece en el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla el derecho que los pueblos indígenas tienen para participar en la elaboración de los planes y programas que les impacte.

De acuerdo con los planteamientos de los cuatro indígenas que solicitan el amparo, “el gobierno mexicano ha diseñado de manera totalmente unilateral un plan claramente invasivo y de afectación total a nuestros territorios y consecuentemente de alteración absoluta a nuestra forma de vida y organización”, porque en el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” se establecen diversas acciones de inversión a corto plazo.

Alistan más amparos. No se trata de los únicos amparos. En diversas asambleas comunitarias realizadas en San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, Álvaro Obregón (Juchitán), Zanatepec y Santa María Xadani, los pobladores acordaron solicitar el amparo y la protección de la justicia federal en contra del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de este año, donde se anunció la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó Betina Cruz, quien añadió que es probable que dichos recursos se presenten esta semana.

Entre las obras contempladas para el Corredor destacan la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el fortalecimiento de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, el impulso al desarrollo de las zonas libres declaradas en Coatzacoalcos y Salina Cruz, el reforzamiento de la infraestructura de conectividad digital.

Como se puede apreciar, advirtieron los quejosos, el decreto presidencial “busca la integración de la región del Istmo a los mercados internacionales bajo parámetros de intercambio comercial continuo, dinámico y competitivo en un mundo global” y “dada la envergadura del proyecto que el gobierno federal pretende ejecutar, y que de llevarse a cabo supone un peligro serio para nuestra existencia como pueblos indígenas, no existe argumento válido para negar nuestra participación”.

En diversas sedes del Istmo de Tehuantepec, el gobierno federal convocó a fines de marzo asambleas regionales consultivas que han sido cuestionadas por las comunidades indígenas porque, denunciaron, no se apegaron al protocolo del Convenio 169 de la OIT.