En dos años, 16 colonias irregulares más en Tuxtepec
En Tuxtepec suman 135 los asentamientos sin regularizar y sólo 43 los legalizados.
A orilla de las vías federales del ferrocarril, que cruza este municipio de la Cuenca, se ubica la colonia La Ceiba, donde por lo menos 40 familias tienen su casa apenas a unos 12 metros de las vías del tren.
Este asentamiento está catalogado por el ayuntamiento como una colonia irregularizable por estar en zona federal, estatus que comparte con dos colonias más y que les limita el acceso a obras con recursos municipales.
Mientras en Tuxtepec el número de colonias regulares se mantiene en 43 desde 2017, el número de las que siguen sin regularizar pasó de 119 a 135, según la Dirección de Desarrollo Urbano; es decir 16 asentamientos más en el mismo periodo de dos años.
De acuerdo con datos del gobierno municipal, que desde 2017 encabeza el edil Fernando Bautista Dávila, durante los primeros 10 meses del bienio 2017-2018 se detectaron 12 nuevos asentamientos irregulares en todo el municipio, en comparación a datos de la administración antecesora.
Para inicios del trienio actual, 2019-2021, la autoridad municipal reporta el asentamiento de personas en cuatro nuevos espacios, que hasta octubre de 2017 no se tenían registrados.
Progreso a cuentagotas. La vida en La Ceiba, la colonia junto a las vías del tren, lleva unos 25 años. De otras administraciones los colonos consiguieron agua entubada y electrificación por medio de presiones y representados por organizaciones.
Pese a que no hay pavimento en su única calle, que no tiene servicio de recolección de basura y que en temporada de lluvias se anega, el valor del suelo por metro cuadrado es de 215 pesos.
En los últimos años, el estatus de colonia irregular ha apaciguado a los habitantes de La Ceiba para exigir obra; se conforman con acceder a programas para recibir láminas o piso firme, comentan algunos colonos.
El abogado especialista en temas municipales, Hugo Dehesa Sánchez, asevera que en el proceso de regularización de un asentamiento, el ayuntamiento —como una de las partes involucradas— es el menos interesado, pues mientras no exista reconocimiento no hay derechos para exigir recursos públicos.
Y aún así el ayuntamiento puede asignar valor catastral a la tierra de una comunidad irregular, con al menos un servicio e incluso, le es permitido cobrar a los colonos el impuesto predial y los servicios que reciben.
En el caso de las colonias o agencias que se instalaron en zonas federales, indica que el gobierno municipal cuenta con las posibilidades legales para que la Federación otorgue esos espacios, pero no los municipaliza para evitar obligaciones. En esos casos, apunta, la autoridad prefiere darles apoyos y obras “por fuera”, pero sin obligación.
Dehesa Sánchez agrega que esa situación también prevalece porque regularizar estas colonias no representa la llegada de más recursos estatales para cubrir esas necesidades.
