Capulálpam gana batalla para expulsar a mineras

Las concesiones se otorgaron sin consultar a la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, de la cual se comprobó su ancestralidad indígena

Foto: Edwin Hernández
Municipios 11/02/2020 13:15 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 09:55

Autoridades agrarias y municipales de Capulálpam de Méndez informaron que un juez federal ordenó cancelar las concesiones mineras en su territorio otorgadas entre 2002 y 2005 a las empresas mineras Natividad y Anexas, Continuum Resources LTD y otros particulares.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Nestor Baltazar Hernández Bautista, detalló que en febrero de 2015 interpusieron una demanda de amparo para solicitar la protección de la justicia ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía Federal, para la explotación de oro, plata, entre otros minerales.

El argumento, detalló el comunero Salvador Aquino, fue que las concesiones se otorgaron sin consultar a la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por esa razón, el juez federal solicitó la cancelación de las concesiones y, tras un litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca dictó sentencia en octubre de 2019.

En la sentencia se reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de Capulálpam, y por lo tanto la propiedad y la posesión de la comunidad sobre sus tierras desde la época prehispánica.

"La sentencia establece que la comunidad indígena agraria de Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado Mexicano, así que tiene el derecho a la protección de la justicia como lo establece el artículo segundo de la Constitución federal", apuntó Salvador Aquino.

En consecuencia —continúa explicando el comunero—, el juez federal ordenó la cancelación de todas las concesiones mineras que fueron otorgadas sin la consulta previa a la comunidad.

En principio eran alrededor de 15 concesiones otorgadas desde el año 2002 pero la mayoría desistió y únicamente quedaban activas cuatro, las cuales ahora fueron canceladas por decisión del juez.

"Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de Capulálpam. Le reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad indígena libre de extracción de minerales por encima de intereses de particulares.

"La sentencia reconoce a Capulálpam su pertenencia histórica y jurídica a la nación mexicana; protege sus derechos como comunidad indígena. Además, [la sentencia] también hace justicia a las comunidades y pueblos indígenas, quienes históricamente han padecido discriminación y racismo en la impartición de justicia", declaró.


Acusan desacato

El presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez, denunció que, hasta ahora, las empresas han desacatado la sentencia del juez, porque siguen realizando trabajos de exploración y de extracción, debido a que tanto las mineras como la SE impugnaron la sentencia.

También aseguró que los trabajos han contaminado sus afluentes de agua y ríos, y que las firmas usan de manera desmedida el agua de la comunidad. La situación ha provocado que 13 manantiales se hayan secado y para suministrar a la población, las autoridades han tenido que recurrir al afluente más grande que tienen.

En Calpulálpam ha operado de forma histórica la minera Natividad, pero entre 2005 y 2007 la compañía canadiense Continuum Resources se asoció con la empresa y realizó exploraciones de oro y plata en terrenos comunales de esta comunidad zapoteca, ubicada en la Sierra Norte. Este nuevo proyecto pretendía explotar los yacimientos a través de minería a cielo abierto, para lo cual la compañía canadiense contrató a la minera Santa Regina, la cual, posteriormente, vendió la concesión a la firma Sundance Minerals Ltd.

“Ante el plan de extracción a cielo abierto, Capúlalpam se movilizó e interpuso recursos legales para conseguir la suspensión”, explicaron las investigadoras Hilda Salazar y Maritza Rodríguez. 

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