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Este 13 de enero la SCJN retomará la discusión sobre el tema, tras un amparo emitido por el pueblo Macehual asentado en la Sierra Nororiental de Puebla, y según la dependencia federal, representa una oportunidad histórica para consolidar el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.
En Oaxaca, Frente No a la Minería por un Futuro de Todos y Todas ha sostenido que la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos y comunidades se ha dado en gran parte del territorio del estado, extendiéndose prácticamente en todas las regiones, donde los Valles Centrales y la Sierra Norte han presentado mayores impactos por la explotación de minerales.
Por ejemplo, mencionan, el proyecto minero “San José” operado por Fortuna Silver Mines, donde han existido denuncias durante los últimos 10 años respecto a asesinatos, división, violaciones a los derechos colectivos y fundamentales de la ciudadanía de San José del Progreso, además de impactos ambientales como el derrame de la presa de jales en el Río El Coyote, la muerte de peces en los principales afluentes, explosiones, y polvo excesivo en toda la región.
“La misma situación ocurre en el proyecto minero "El Águila" y "Alta Gracia" de Gold Resource Corporation, también en los Valles Centrales de Oaxaca”, sostiene este frente conformado por organizaciones civiles y representantes de las comunidades y autoridades municipales.
“De ahí que las disposiciones específicas que cuestiona el pueblo Macehual en su demanda de amparo, afecta el patrimonio territorial de los pueblos indígenas y por tanto la legislación que regula la minería, debió haber sido consultado antes de su emisión, para estar acorde con la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia”, aseguró la dependencia federal.
