Autoridades podrían enfrentar hasta destitución o arresto si no reconectan a Ayutla Mixe al agua

Autoridades municipales, estatales y federales cuentan con 10 días hábiles, a partir de ser notificadas, para solicitar la revisión de la sentencia que ordena reconectar el sistema de agua potable de San Pedro y San Pablo Ayutla al manantial que le fue arrebatado hace tres años, luego de que un juez federal falló a su favor.

De no solicitar la revisión de la sentencia, dichas autoridades tendrán que ejecutar la sentencia y reconectar a Ayutla, o de lo contrario pueden enfrentar multas, inhabilitación de cargos públicos y hasta arrestos.

Esta comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca lleva sin acceso al agua potable desde junio de 2017, cuando un grupo armado de su comunidad vecina, Tamazulápam del Espíritu Santo, la despojó de las tierras donde se asienta su manantial y posteriormente destruyó su infraestructura hidráulica, valuada en 1.5 millones de pesos.

Luego de tres años de batalla legal, el pasado 30 de julio, Amado Chiñas Fuentes, juez Tercero de Distrito en Oaxaca, dictó sentencia a favor de la reconexión inmediata de Ayutla al agua potable como parte del juicio de amparo 795/2017.

Se trata de la segunda sentencia en dicho sentido, luego de una primera emitida en 2018 que fue impugnada por las autoridades de Tamazulápam.

Ahora, según la orden del juez, las autoridades de Tamazulápam deben adoptar medidas urgentes para realizar la reconexión, mientras que la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), la Comisión Estatal del Agua y el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua deben “respetar, proteger y hacer cumplir” el derecho humano al agua de los pobladores de Ayutla.

De acuerdo con Joaquín Galván, un joven de la comunidad que ha dado seguimiento al proceso legal, aunque se volviera a solicitar la revisión de la sentencia es muy poco probable que el sentido de ésta cambie, pues ya son dos los fallos a favor de Ayutla, y de solicitarse su revisión por segunda vez, el caso podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Si no se pide la revisión, el juez dictará los plazos y si las autoridades responsables no cumplen con la sentencia, el juez hará valer las medidas de apremio para hacerla cumplir, que pueden ir desde multas muy importantes a inhabilitación de cargos públicos y hasta detenciones”, explica.

Según Galván, que se ejecute la sentencia, de no solicitarse la revisión, puede ser cuestión de semanas o hasta un par de meses, pues asegura que el proceso para volver a acceder al agua lleva un avance del 90%. “¿Funcionará? Tengo la esperanza de que sí, o de que por lo menos se intente”, dice.

Misión de Observación

Este viernes, la Misión Civil de Observación Ayutla Mixe (MCO) hizo un llamado urgente a las autoridades señaladas como responsables para que acaten inmediatamente la sentencia emitida por un juez federal sobre la restitución del derecho al agua de San Pedro y San Pablo Ayutla.

De la misma forma, respaldó la exigencia realizada por las autoridades de ese municipio al gobierno del estado para que realicen las gestiones necesarias y agilicen la reconexión al manantial, considerando todos los recursos a su alcance.

"Ante esta resolución y la inexistencia de impedimentos legales, ya no hay margen para excusas", señaló la MCO.

“Subrayamos que en este caso existen grandes pendientes en materia de acceso a la justicia para las víctimas de los hechos detonados por la falta de acceso al agua, por lo que además de la urgente reconexión es necesario que los responsables de estos actos y de las agresiones contra la comunidad sean debidamente procesados, así como que se garantice el derecho a la verdad y reparación”, declararon.

Para la Misión Civil de Observación, ante las diversas omisiones y negación constante en que han incurrido las autoridades de diferentes niveles, esta sentencia significa un gran avance, “pues el Poder Judicial de la Federación reconoce estas prácticas, señalando las obligaciones constitucionales que los diversos órdenes de gobierno tienen para respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua, así como el Poder Judicial cumple con su obligación de mandatar su cumplimiento”.