En el fondo de un callejón en Unión Hidalgo, entre arboles está una casita de  concreto  de siete por ocho  metros que no tiene  energía eléctrica,  piso,  puertas, ni ventanas. Sólo para eso alcanzaron los 120 mil pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Bansefi,  entregó para la reconstrucción.

La casa de tres cuartos y un corredor, sin baño,  pertenece a Eusebio López Marín  y apenas ocupa  la mitad de lo que era su casa de arquitectura vernácula que se vino abajo aquella noche  del terremoto del  7 de septiembre de 2017.

Por tener una casa inconclusa, a Eusebio  le corresponde recibir el apoyo del Programa Nacional de Reconstrucción, que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante,  los verificadores no lo visitaron, aunque les pidió que  revisaran que,  a dos años del sismo, su casa apenas   tiene  60% de avance.

“Aunque vieron que mi casa está a medio construir, me dijeron que lo sentían,  que no aparezco en las nuevas listas; así que quedé fuera. Ahora no sé qué pasará,  terminar mi casa va tardar más de lo planeado, hay que trabajar el doble para salir adelante, creo que en esta ocasión [el gobierno] se olvidó de nosotros”, comenta tristemente.

La historia de Eusebio se repite 600 veces en Unión Hidalgo, pues de los mil damnificados cuyas viviendas tuvieron  pérdida total en 2017, sólo  400 fueron seleccionadas  a principios de septiembre  para recibir  el nuevo  apoyo y así  concluir sus casas en este año fiscal 2019.

“Estamos muy preocupados, el avance de las viviendas a dos años es de 50% y  el gobierno de la República sólo está apoyando a unos cuantos, de más de mil damnificados con daño total sólo seleccionaron 400 personas y no sabemos bajo qué criterios hicieron la selección  y  quién la realizó”, dice Nobel López Arenas, integrante de la Coordinadora  General de Damnificados del Istmo.

  Agrega que apenas entre finales de agosto y principios de septiembre  comenzaron con la verificación de esas viviendas y lo hicieron con mucha discreción para que la gente no protestara. “Ahora qué va pasar con el resto de los que tienen daño total y no entraron en la nueva lista”, cuestiona.

De acuerdo al coordinador de la subdelegación regional de los Centros Integradores de Desarrollo, José Luis Jiménez Castillo,  la falta de personal y el apego al presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 son las razones por las que  no se ha logrado cubrir al 100% las verificaciones a los damnificados  con daño total que están dentro del Programa Nacional de Reconstrucción en 19 municipios del Istmo.

“Los servidores de la nación están realizando un trabajo de acompañamiento en 19 municipios del centro, oriente y  norte del Istmo. Son 27 servidores, desde un principio se tenía planificado trabajar sólo con  60% de los censados, pero eso no quiere decir que el restante se quede fuera; se levantan los reportes de los casos y se dará seguimiento por parte de los verificadores técnicos después”, explica el funcionario.

En esos  19 municipios que  llevan visitados ya son  7 mil las  viviendas verificadas, se espera que cuando el presupuesto federal aumente, el próximo año,  continuarán con el resto de las verificaciones de viviendas con daño total.

Son más de mil

A  esos 600 damnificados, en Unión Hidalgo se suman otros  500 que no recibieron un folio en el censo y, por tanto, ningún apoyo  desde 2017, incluidos a quienes  se les clasificó su vivivienda erróneamente como daño parcial aunque tiene  pérdida total. 

Además, después de dos años y por las últimas gestiones de la nueva administración local fue incluido en el  programa de  reconstrucción el palacio municipal con más de un siglo de existencia, por un monto de  2.2 millones de pesos para una primera etapa, aunque según dictámenes se requieren  15 millones  para  ponerlo  de pie.

Mientras el pueblo de Unión Hidalgo está en su proceso lento de reconstrucción, el gobierno federal, estatal y municipal está enfocado en sacar la consulta indígena para el proyecto eólico Gunaa Sicarú de EDF Renewables en 4 mil 400 hectáreas, además de ya preparar otros dos proyectos conocidos como Palmita I y Palmita II.

“Hay proyectos más prioritarios, como el agua, la salud,  la luz, la reconstrucción, pero el gobierno le interesa más los proyectos eólicos,  está más enfocado en una consulta donde sólo participa el 4 % de la población, el resto está apático y preocupado por sus viviendas”, critica Nobel Arenas.