Habitantes y autoridades de San Sebastián Tutla, comunidad conurbada a la capital de Oaxaca, impidieron la inhumación de una persona en las instalaciones del cementerio municipal.
Los hechos sucedieron en marzo del año pasado; sin embargo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió hasta este viernes la recomendación número 06/2017, al considerar que se violaron las garantías de la familia del occiso que se pretendía inhumar.
De acuerdo con el expediente DDHPO/1030/(01)/OAX/2016 con motivo de la queja presentada por una ciudadana, el presidente municipal y el síndico de Tutla les negaron el derecho a enterrar a su familiar.
La agraviada manifestó que, terminada la misa de cuerpo presente por su fallecida, el cortejo fúnebre se trasladó al panteón municipal de Tutla, pero allí la presidenta del comité del cementerio, acompañada de sus colaboradores, les expuso que por órdenes del presidente municipal no podrían enterrar a la difunta.
Agregó que, ante esos sucesos, decidieron acudir al municipio para entrevistarse con el edil, quien les exigió diversos requisitos, los cuales cubrieron. Sin embargo, el presidente municipal, sin tomar en consideración los argumentos y documentación exhibida por los solicitantes, les manifestó que ya había tomado la decisión de no autorizar el entierro.
Ante dicha situación, la familia trasladó el cuerpo de la extinta a su domicilio; al día siguiente buscaron la autorización correspondiente en el municipio de Santa Lucía del Camino, donde finalmente fue inhumado el cuerpo de su familiar.
Por ello, la Defensoría recomendó que la autoridad municipal de San Sebastián Tutla --de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca-- realice la reparación integral del daño causado, para lo cual deben considerar los gastos erogados con motivo del sepelio que no pudo realizarse, a fin de que a la familia agraviada se le cubra la cantidad que corresponda.
Pidió también que se ofrezca una disculpa pública a la agraviada y sus familiares, por las violaciones a sus derechos humanos. Además, el organismo defensor solicitó a la autoridad municipal, con pleno respeto a su sistema normativo interno, que realice las acciones necesarias para evitar la repetición de hechos similares.
