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“Nosotros clausuramos el lugar y no vamos a permitir que se reabra. Nuestra molestia fue que no se manejaran bien los deshechos, el lixiviado, como lo marca la ley: la basura se estaba dejando a cielo abierto y sin aplicar ningún material para su cubrirla. También nos preocupó que sin los cuidados necesarios trajeran los desechos del hospital 43”, relata Andrés Cervantes, vecino de Santa Cruz.
“Aquí venían a tirar sondas, gasas, agujas y material médico en general, se deshacían de ese tipo de cosas sin cuidado. Años atrás, cuando el relleno funcionaba bien, se hacía un hoyo en la tierra para enterrar esa basura, y luego se tapaba”, detalla.
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De acuerdo con un grupo de habitantes de esta agencia municipal, quienes a través de oficios que nunca fueron respondidos expusieron su preocupación ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, el mal manejo de los residuos afectó la salud de los pobladores de Santa Cruz, sobre todo de los niños, cuya escuela primaria se encuentra junto al hoy clausurado relleno sanitario.
“Antes de que cerráramos este lugar, a nuestros niños seguido les daba gripa o fiebre, además aumentaron las colonias de animales peligrosos, como serpientes, lo cual ponía en peligro a toda la comunidad (…) nuestra petición era simple, que la basura se tratara adecuadamente y de esa forma impedir estos problemas y otros, como la contaminación de los ríos”, explica Andrés.
“Existe un arroyo en la parte de abajo [del relleno], que desemboca a Punte de Fierro, arroyo que da directo a la presa Miguel Alemán”, condena un oficio con sello y firma de recibido, que fue entregado a la Secretaría de Gobierno estatal el 3 de junio de 2019.
“Se debe controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración pluvial. Los residuos deben ser cubiertos en forma continua y dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito”, indica la Ley.
En este contexto, el Colectivo de Mujeres Mazatecas que Miran en Favor de la Tierra, ha hecho un llamado a que el municipio, a cargo del morenista Óscar Peralta Allende, garantice el adecuado tratamiento de la basura.
“Ahorita todos los residuos llegan al patio municipal, en el plan de desarrollo municipal señala en una parte que este espacio es un ‘centro de transferencia’, pero eso no se cumple, no tiene las certificaciones y para que sea tal no debería haber mucha población cercana o cuerpos de agua (…) debajo de este espacio está el río Barbacoa, el río Teotitlán y el Pescadito, cuando llueve todos los residuos bajan a la corriente”, señala la ingeniera civil Fátima García, vocera del colectivo.
Este tiradero improvisado, además se encuentra cerca de la carretera federal a Tuxtepec, a unos metros del cuartel de la Guardia Nacional en Huautla y a la gasolinera del municipio.
Entre la población la alerta crece, porque de acuerdo con sus testimonios, al patio municipal son llevadas bolsas de desechos RPBI y además de forma reciente se han realizado labores para su ampliación.
“Toda la basura recolectada se queda aquí, ya no saben que hacer con ella, hay incluso bolsas con material médico. Actualmente están haciendo una especie de hoyo en la tierra y además también han talado grandes árboles, para tener más espacio para poner la basura”, platica Alexis, estudiante y habitante de Huautla de Jiménez.
De acuerdo con el articulo 456 de la Ley General de Salud, puede penarse con hasta ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente, a quien sin autorización de la Secretaría de Salud “elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o en general, realice actos con las substancias tóxicas o peligrosas (...) con inminente riesgo a la salud de las personas”.
No obstante, pese a las denuncias ciudadanas y de colectivos, la versión del gobierno municipal es otra. A petición de este diario, el ayuntamiento señaló que “debido a una problemática sociopolítica se ocasionó el cierre del relleno sanitario que venía funcionando de manera correcta en el municipio, ante está eventualidad la dirección de salud y ecología se hizo cargo para el manejo de los desechos buscando un espacio alternativo para depositar la basura”.
Según la versión oficial, la utilización de este espacio “generó 40 empleos”, y no representa un riesgo a la salud, pues “este material es trasladado cada semana o cada tres días por una empresa especializada a la ciudad de Tuxtepec para su reciclaje y adecuado manejo”.
Los pobladores, en contraste, aseguran que la basura es transportada a Tuxtepec una vez al mes o prácticamente en contadas ocasiones, además de que las personas que laboran en la recolección de basura no son dotadas de material de protección a su salud, incluso pese a la pandemia.
“Los trabajadores recolectores de basura no tienen adecuadas medidas de protección e higiene (…) La mayoría de la población ha estado comprando cubrebocas desechables, los cuales se podrían convertir en un foco de infección, pues este tiradero es a cielo abierto”, señala Fátima.
En su versión, el municipio de deslindó del manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI). “De esos desechos se encarga directamente el hospital (…), según tenemos conocimiento el material sería llevado en un vehículo específicamente para estos, que se traslada a Oaxaca o Puebla”.
No obstante, a petición de EL UNIVERSAL, la dirección del Hospital 43 evitó dar detalles al respecto, sólo indicó que los cubrebocas utilizados en el espacio médico eran destruidos y manejados con cloro.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indicó al respecto que, tal como lo señala el artículo 115 constitucional, los municipios tienen a “su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos”, por lo que a nivel ayuntamiento se “deben tomar las decisiones inherentes al establecimiento de dichos rellenos”.
Asimismo, sobre los desechos RPBI precisó que desde el pasado 8 de abril se instruyó a que quienes generan, transportan y tratan este tipo de residuos, lo hagan de forma regular, para garantizar la salud pública y que ya se iniciaron algunos procesos legales contra quienes no lo están acatando.“Esta Procuraduría no permitirá trasladar un problema de salud pública por la infección de Covid-19, a otro por un inadecuado manejo de residuos hospitalarios”, sentenció.
