Juchitán. - Los habitantes de cinco agencias municipales de San Miguel Chimalapa, municipio del Istmo de Tehuantepec enclavado en la selva del mismos nombre, mantienen  un bloqueo carretero en la entrada de la comunidad de Vista Hermosa, bajo la exigencia de que se les enteguen recursos públicos del Ramo 33.

Los pobladores también protestan en contra del actual presidente municipal Francisco Sánchez.

El bloqueo comenzó el pasado 25 de agosto, por lo que este miércoles está cumpliendo 22 días, lo que ha provocado que comiencen a escacear los víveres.

Ante esta situación, integrantes del Comité Nacional en Defensa de Los Chimalapas exigió la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Guardia Nacional, para solucionar el conflicto de manera imparcial y pacífica.

El bloqueo, que de  acuerdo al comité y las autoridades municipales, esta encabezado y financiado por el expresidente municipal Fernando Miguel Contreras y el delegado regional de la Segego, German Toledo,  se acordó levantar este día, después de que se llegará a un acuerdo ante la Segego de la entrega de las participaciones y el pago a cada uno de los participantes en el bloqueo.

Sin embargo, esto aun no se concreta debido a que el recurso aún no se ha hecho efectivo.

Ante el tenso escenario por el bloqueo, que impide que entren camiones repartidores de productos y medicina a la comunidad, el comité teme que la situación se salga de control y termine en un estallido violento, como sucedió en San Mateo del Mar, por lo que se pidió la intervención imparcial de la Segego.

Además, dijo, es necesaria la intervención “urgente e imparcial” de la Guarida Nacional, para que se garantice la paz social y protección a las autoridades municipales actuales.

También para garantizar el respeto a la autodeterminación de San Miguel y Santa María Chimalapa respecto a las amenazas de su entorno natural, cultural y social, emprendido por los megaproyectos como el Corredor Interoceánico y la mina de una empresa canadiense en la zona de La Cristalina.

 Asimismo solicitaron que la CNDH y La DDHPO mantengan un grupo permanente de observación en el territorio comunal y municipal de San Miguel que garantice el pleno derecho de las comunidades indígenas, así como el pleno respeto a la naturaleza de esta bio región de México y Mesoamérica.

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