Excluyen a empresas locales de demolición

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El programa gubernamental para la demolición de las viviendas colapsadas por el terremoto del 7 de septiembre no contempló la contratación de empresas oaxaqueñas y  avanza con “lentitud”, situación  que desespera a  damnificados, preocupa a autoridades  y molesta a los  dueños de las maquinarías.

De acuerdo con autoridades municipales y uniones de materialistas,  las tres empresas contratadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son  Grupo Planea e Inmobiliaria y Constructora del Golfo, de Veracruz, y  AG Construcciones y Proyectos, del Estado de México. Según información del Registro Público Comercial, de la Secretaría de Economía,  Grupo Planea que se ubica en Boca del Río, Veracruz, tiene como objeto social diferentes rubros relacionados con la construcción y sus únicos socios son Rodolfo Sánchez y Karina Vázquez.

En su página web, la compañía informa que renta maquinaría. Por “hora, día, semana, mes”. La segunda empresa veracruzana es  Inmobiliaria y Constructora del Golfo, también con sede en Boca del Río, y dice tener 20 años de experiencia tanto en  construcción  como en  demolición.

La última empresa, la mexiquense, se ubica en Tlalnepantla y tiene como objeto social principal “ejecutar obra pública y privada en territorio nacional mexicano así como en el extranjero”. Su director ejecutivo actual es Francisco Aguilar y entre sus principales clientes está la Secretaría de Educación Pública (SEP), la  Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex)  y el  Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Ignorados. La exclusión de empresarios locales en las tareas de demolición ha molestado a las Uniones de Materialistas del Istmo, que tienen unos 500 afiliados.  Durante los primeros 10 días después del sismo, hicieron más de 600 viajes gratis para retirar el escombros. Ahora, fueron ignorados por   la Sedatu.

El regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento, Germán Peralta Luis, aseveró que “como gobierno municipal desde las primeras horas del sismo desplegamos 30 camiones volteos, 25 máquinas entre retros y excavadoras y 10 orugas. Llegamos a gastar 40 mil pesos diarios en combustible, pero en la noche del sábado 7 de octubre nos pidieron que dejáramos de demoler viviendas”.

“Hay una marcada y preocupante lentitud en el programa de demoliciones, pero además hay una falta de organización”, dijo   Peralta Luis y acusó que los coordinadores de las empresas contratadas les pidieron que dejaran de intervenir en las demoliciones.

Peralta Luis acusó que “llegaron las empresas foráneas y nos pidieron que no interviniéramos más para que esas compañías llevaran sus propias cuentas de demoliciones y facturarle al gobierno federal sin complicaciones”.

El dirigente local de la Confederación Nacional de la Productividad  sección 5, Artemio López Ortiz, afirmó que los empresarios locales se sienten enojados pues ellos tienen “la  capacidad para atender la emergencia y se supone que deberían contratarnos para reactivar la economía. Pero, no.  Quién sabe qué clase de negocio van hacer al amparo de la tragedia que vivimos”, enfatizó.

La alcaldesa, Gloria Sánchez López, dijo que fue  informada por funcionarios de la Segob, que para la semana entrante se agilizará la demolición de las viviendas colapsadas por el terremoto con la ayuda que brindará el Grupo Carso, cuyo presidente, Carlos Slim, anunció en días pasados que aplicará recursos de su fundación para la reconstrucción.

A pesar de dichas ayudas, autoridades municipales estimaron que la demolición de las ocho mil viviendas afectadas podría tardar hasta diciembre, pues  por el momento sólo se han tirado unas 500 casas en el municipio.