Jornaleros en San Quintín denuncian discriminación en salario mínimo; exigen fijarlo en 300 pesos
Trabajadores del campo agrícola en Baja California, de los cuales se estima que 21.3% son oaxaqueños, señalaron que de esta manera se avanzará con seriedad en el reconocimiento de su labor y sus derechos

Oaxaca de Juárez.— Jornaleros agrícolas de San Quintín, en el estado de Baja California, de los que se estima que 21.3% son de origen oaxaqueño, exigieron a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) que fije su salario mínimo en al menos 300 pesos.
Un peso menos, afirmaron, sería un insulto y una expresión de una visión discriminatoria y excluyente de los sectores que integran la Conasami.
A través de un comunicado, recordaron que hace cinco años realizaron una huelga en el valle de San Quintín para exigir un salario mínimo digno de 300 pesos. Sin embargo, denunciaron que los salarios promedio de cotización están en torno de 226.53 pesos para los permanentes y de 207.23 pesos para los eventuales.
“Estas cantidades están muy por debajo del promedio general de 372.58 pesos o 402.80 pesos (precios a julio 2018 y precios nominales, respectivamente), del todo insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los gastos de movilidad”, señalaron.
Sostuvieron que su demanda es responsable e incluso menor al salario promedio general de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que oscila entre los 372.58 y los 402.80 pesos.
Sólo con este incremento, señalaron, se avanzará con seriedad a saldar “la enorme deuda social contraída con los 2 millones 330 mil de jornaleros agrícolas que junto con nuestras familias sumamos 8 millones 133 mil personas”.
De acuerdo con el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, las personas jornaleras agrícolas representan, respectivamente, 34.8% de la población ocupada y 75.6% de la población subordinada y remunerada del sector primario; “un sector fundamental para la economía como quedó demostrado en los meses difíciles de pandemia”.
En su comparación anual, continuaron, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto con series desestacionalizadas del tercer trimestre de 2020 mostró un retroceso real de -8.6%. Salvo el avance de las actividades primarias de 7.4%, las actividades económicas secundarias y terciarias se desplomaron menos 8.9% y menos 8.8%.
“La exigencia de un salario digno para las personas jornaleras es expresión de una sociedad en transformación para reconocer la labor y los derechos de las personas jornaleras agrícolas.
“En su mayoría procedemos de comunidades indígenas que tienen que migrar a otros estados para trabajar a la intemperie en agotadoras jornadas, expuestas a la inseguridad e impedidas a ejercer sus derechos de salud y educación. Bastaría admitir el carácter esencial de su actividad para la economía y, especialmente, para garantizar la alimentación de la población para no aplazar la urgente atención a nuestra comunidad”, afirmaron.
Para ellos, fijar su salario mínimo en 300 pesos es un paso fundamental para revertir la discriminación, el empobrecimiento y la precariedad laboral en que se encuentran las personas jornaleras.
“Es fijar un salario mínimo profesional digno para este trabajo especial lo que contribuirá a no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, manifestaron.